viernes, 19 de mayo de 2017

¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

Lo primero que urge entender es que México tiene una larga historia de violencia de Estado en la construcción de la libertad de expresión. A diferencia de algunas metrópolis occidentales, el ejercicio de los derechos básicos en esta región del mundo es una lucha que sigue involucrando altos contenidos de represión y sangre. La libertad de prensa/expresión es una conquista social que el Estado no reconoce ni protege. El periodismo independiente –que es el único periodismo auténtico– está en la orfandad institucional e intensamente asediado por el binomio narcotráfico-Estado. (A modo de paréntesis, cabe señalar que el concepto liberal de “libertad de expresión” es insuficiente en nuestra época. Es urgente resignificar esa “libertad”, porque en la era que corre, el principal “enemigo” de ese derecho no es el Estado, sino los conglomerados privados que monopolizan la producción-selección-circulación de información. Sin duda que el Estado es un centro de autoridad que coarta esa libertad, pero no sin la acción acaparadora de los actores particulares, cuyos dueños definen los contenidos de la prensa con absoluta opacidad e impunidad. Por cierto que en materia de acaparamiento mediático, México es primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial). 

Cabe recordar que en 2016 se cumplieron 40 años del golpe a Excélsior, orquestado por el expresidente priísta Luis Echeverría Álvarez, y que se tradujo en la reducción a añicos del que hasta entonces era el periódico más importante de América Latina (bajo la dirección de Julio Scherer García). La persecución persistió, y en 1982, el sucesor presidencial de Echeverría, José López Portillo, atacó financieramente a la revista Proceso (también dirigida por Julio Scherer), y justificó el golpe con la tristemente célebre frase “no pago para que me peguen”. En 1984, tan sólo dos años después de ese ultimátum, Manuel Buendía, el otrora periodista con más presencia en la prensa escrita, fue asesinado con cinco disparos en la espalda. Antes del homicidio, Buendía conducía una investigación que hurgaba en las conexiones del narcotráfico con políticos de México y Estados Unidos. (Más tarde se descubrió que el conductor de la motocicleta en la que escapó el asesino material, era Juan Rafael Moro Ávila, sobrino de otro expresidente, Manuel Ávila Camacho). De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), de 1983 a la fecha han sido asesinados 231 periodistas (La Jornada 16-V-2017). 

Que México se convirtiera en un cementerio de periodistas responde a un continuum histórico, y a la relación del poder con la prensa. En contenido, esa relación no cambió sustantivamente. Persiste hasta nuestros días, pero con un agravante en la ecuación: el “narcotráfico gobernante”. El periodismo en México transitó de una relación patológica gobierno-prensa a una relación gobierno-narcotráfico-prensa, infinitamente más tóxica y letal. 

La evidencia sugiere que la mayoría de los informadores ejecutados no forman parte del jet set periodístico en México. Los “notables” del periodismo nacional están protegidos por el gobierno y el narcotráfico. Trabajan para esos dos actores. El resto, los que practican el periodismo auténtico (independiente), están a merced de los caprichos del maridaje narcotráfico-Estado. Documentar el infierno en México involucra necesariamente pisar los talones de ese binomio. En este país bañado en sangre, la delincuencia organizada de Estado –señaladamente el narcotráfico– es la institución dominante. 

Narcoperiodismo 

Javier Valdez Cárdenas (que en paz descanse), extraordinario periodista y excorresponsal de La Jornada, advirtió sobre la insospechada proliferación del narcoperiodismo. 

Por definición –decía Valdez–, el narcoperiodismo consiste en redacciones infiltradas por el narcotráfico bajo dos modalidades: sin paga y a sueldo. Los primeros, no remunerados, ejercen la profesión bajo amenaza de muerte y sin ninguna libertad editorial (el sueño húmedo de los priístas). Los segundos, esos que figuran en la nómina de algún cártel, responden a los mandatos de los narcos, y definen los contenidos de la línea editorial en función de las agendas criminales, aunque no pocas veces bajo coerción e intimidación. En este entorno criminoso, el periodista tiene básicamente cuatro posibles escenarios: el alineamiento con el editorial narco, el abandono de la profesión, el exilio o la muerte. 

En 2015, Javier Duarte de Ochoa, otro “distinguido” soldado del PRI, y exgobernador del estado de Veracruz, advirtió a los reporteros de la entidad: “Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Noé Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015). 

El narcoperiodismo es la evolución natural de la relación histórica PRI-periodismo: del “no pago para que me peguen” al “pórtense bien” (que, en la entidad más peligrosa de América Latina para el ejercicio periodístico, significa “plata o plomo”). 

Narcoguerra 

La agresión a los comunicadores no es un daño colateral de la guerra. La recapitulación de la historia nacional permite identificar que se trata de un modus operandi naturalizado, consustancial al PRI-Estado. Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico multiplicó las agresiones contra el periodismo. Los asesinatos de informadores en México se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con el inicio de la guerra. Las cifras advierten que los periodistas críticos e independientes constituyen un objetivo no declarado de la guerra. El homicidio es un recurso rutinario para neutralizar por la eliminación física y el terror al periodismo independiente. 

“En los 20 años que duró la guerra de Vietnam (1955-1975) fueron muertos 79 periodistas, habiendo sido el conflicto armado con mayor cobertura de prensa en la historia y uno de los más letales, con una cifra de muertos que, según las fuentes, superó los 4 millones. La cifra contrasta vivamente con los más de 120 periodistas asesinados en México desde 2000, en una situación completamente diferente a la del sudeste asiático” (Raúl Zibechi en Resumen Latinoamericano 31-III-2017). 

La guerra habilitó la excepcionalidad que requerían las élites gobernantes para aplastar por la fuerza el derecho a la información y la libertad de expresión, y sin costos políticos. “Fue el narco”, excusan sistemáticamente los políticos cuando matan a otro periodista. La guerra amplió el horizonte de la corrupción e impunidad a niveles insoportables. 

Narcoestado 

El narcoestado tiene básicamente cuatro características definitorias: 

1. La institución dominante es la empresa criminal (sobreempoderamiento del narcotráfico) 

2. La estatalidad se afirma esencialmente en términos militares (militarización) 

3. El gobierno acude al terror para dirimir el conflicto social sin agotar instancias institucionales (terrorismo de Estado)

4. La política y la economía se organizan delincuencialmente (narcopolítica-narcoeconomía) 

La primera víctima de este orden omnicriminal es la transparencia e información. Los negocios que concurren fuera de la legalidad por regla requieren altas cuotas de discrecionalidad. En México la gobernabilidad esta fuera de la legalidad. Y esa circunstancia o condición encierra una verdad políticamente inconfesable: que el Estado es el artífice material e intelectual de la crisis humanitaria en México. 

Por eso los asesinatos de periodistas permanecen envueltos en un manto de opacidad e impunidad. Porque no hay Estado que soporte la verdad que ellos conocen.

martes, 16 de mayo de 2017

¿Quien mató a Javier Valdez?


El reciente asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez confirma, una vez más, que las agresiones a la libertad de expresión en México no son un daño colateral producto de la violencia social que nos ahoga. No, por el contrario, son parte esencial de la dinámica represiva del narcoestado mexicano, el cual se caracteriza por la alianza estratégica entre los gobernantes y los cárteles del narcotráfico para mantener en funcionamiento la dinámica de acumulación por desposesión.

Para nadie es un secreto la profunda relación que existe entre los políticos y los narcotraficantes en todos los niveles de gobierno; tanto en el municipio, donde es más visible, como en el nivel estatal y nacional. El caso Ayotzinapa demostró que la relación perversa entre política y narcotráfico recorre a todas las instituciones del estado y en lugar de debilitarse se fortalece. Ganar elecciones exige mucho dinero, y si viene del narcotráfico para evitar su detección, mejor. Es así como se establece el carácter del estado, pues a cambio del apoyo económico los políticos están en la mejor disposición de extender una patente de corso para los cárteles. 
 
En este sentido no estamos frente a un falla del estado, consecuencia de malos políticos que son rebasados por el narco, sino ante la manera en que el estado liberal en decadencia ha procurado imponer el modelo de acumulación. Si se asume que el estado liberal existe para garantizar las condiciones de reproducción del sistema económico, habrá que aceptar que dicho estado es capaz de cualquier cosa para cumplir su misión: guerras, terrorismo, espionaje, asesinatos, alianzas con quien sea, golpes de estado, campos de concentración y matanzas de niños mujeres y ancianos.

El asesinato de periodistas en México tiene una doble finalidad: silenciar a un sector estratégico de la sociedad a punta de balas y sobre todo, seguir manipulando la libertad de expresión para favorecer a los poderosos. Porque todos sabemos a quienes favorecen semejantes acciones: si, a los políticos y sus patrones, quienes serían los principales afectados ante un contexto en donde la libertad de expresión cumpliera con uno de sus roles más importantes, a saber, desnudar la ilegalidad e impunidad de políticos y empresarios indispensable para hacer efectivos los grandes negocios.

Que el trabajo sucio lo hagan los cárteles es fundamental en la dinámica en cuestión ya que resulta una excelente cortina de humo para evitar que pueda verse lo que hay detrás de ellos. Y es que, si bien el narcotráfico es un típico ejemplo de acumulación por desposesión -ya que no sólo se alimenta del despojo de tierras para la siembra de drogas sino de la extorsión, el secuestro, el robo, es decir en riqueza producida por otros- no por ello se puede perder de vista los beneficios que proporcionan a la economía ‘legal’ los ríos de dinero que manejan los cárteles.

Pero además de los ‘beneficios’ económicos están los obtenidos gracias al ambiente de terror que mantienen los cárteles para someter a la población, que son tanto o mas apreciados por los dueños del dinero y sus marionetas de colores pues allanan el camino para la impunidad y el robo legal, esencia del desarrollo del capital Es en ese sentido que el asesinato recurrente de periodistas en particular, y de miles y miles de personas en general, cumple con el objetivo de negar la libertad de expresión y de mantener el clima de terror indispensable para mantener el despojo sistemático ajeno a resistencias y críticas por parte de la población.

Con lo anterior no se pretende negar la responsabilidad de los capos del narcotráfico en la guerra civil que agobia al país, ni tampoco negar su relativa autonomía del estado y sus dirigentes. Pero si alguien se ha beneficiado con la guerra son los dueños del dinero y lo políticos que les sirven. Son ellos quienes han abierto la puerta para que los asesinatos de periodistas y miles de personas queden impunes y así, poder gozar de los privilegios que dan el poder y el dinero. Por eso y aunque a muchos no les guste, ante la pregunta del título no queda mas que responder: ¡Fue el NarcoEstado!

domingo, 14 de mayo de 2017

El holocausto nacional: acerca de por qué México es el segundo país más violento del mundo

En un pronunciamiento reciente, Luis Videgaray Caso, el novicio canciller de México (aquel que concertó –a espaldas del público– la “visita de Estado” de Donald Trump a México en la víspera de la elección en Estados Unidos, y que catapultó al ahora presidente anti-mexicano en las preferencias electorales), dijo sobre Venezuela que “[a los gobernantes mexicanos] nos interesa que se reestablezca, de una manera clara, con un calendario, la plenitud de las instituciones de la democracia”. Aproximadamente 15 días después de ese obtuso anuncio diplomático, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres, presentó un informe anual que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria. Y exactamente al día siguiente de ese informe, la prensa nacional filtró un video que capta el momento en que un elemento militar ejecuta a un civil (rendido en el piso e inerme) con el tiro de gracia. Este “incidente” ocurrió en el municipio de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, en el marco de un “presunto” operativo militar cuyo “presunto” objetivo era desmantelar una “presunta” banda de ladrones de combustible. La acción no es tan diferente de otra de reciente factura en la comunidad de Arantepacua, en el estado de Michoacán, donde policías estatales ejecutaron a cuatro personas, después de que el grupo de efectivos policiales acudieron a retirar un “presunto” bloqueo carretero y rescatar unas “presuntas” unidades vehiculares que gente de la comunidad “presuntamente” había retenido. En México la presunción de los hechos es la sombra obscena que escolta el único hecho fehaciente en el país: que México es un holocausto en cámara lenta. Pero para Luis Videgaray eso no tiene ninguna relación con esa infrecuente urgencia por “restablecer” eso que él llama “la plenitud de las instituciones de la democracia”. 

Estos dos casos de ejecución sumaria extrajudicial antes referidos, abonan al ya de por sí largo inventario de atrocidades impronunciables cometidas por personal de la fuerza pública. México registra centenares de masacres. Y de esas masacres es posible identificar algunas que involucran manifiestamente al Estado. Trátase de ejecuciones sumarias extrajudiciales cuya sistematicidad pone al descubierto un modus operandi conscientemente concertado. Por un ejercicio de memoria, cabe recordar algunos casos no tan apartados temporalmente: Villa Purificación, Jalisco (104 muertos); Tlatlaya, Estado de México (22 muertos); Tanhuato, Michoacán (43 muertos); Apatzingán, Michoacán (16 muertos); Iguala, Guerrero (6 muertos y 43 desparecidos). Con el estribillo gubernamental de una supuesta “cacería” de delincuentes, el Estado habilita el holocausto nacional. 

A propósito de holocaustos, el 14 de marzo de este año, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, anunció el hallazgo de lo que podría tratarse de “la fosa clandestina más grande del mundo”. Hasta ahora han sido exhumados 250 cráneos. El exgobernador de ese estado y exprófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, continúa detenido en Guatemala, a la espera de una extradición que el gobierno de México “sigue sin solicitar formalmente” (¡sic!). En las imágenes difundidas por la prensa guatemalteca, el exgobernador, acusado de delincuencia organizada y desfalco mayúsculo del erario público, figura campechanamente sonriente: es la confianza que concede la filiación al Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que lo subió al poder, y acaso el único partido en México (aunque con ramificaciones blanquiazules, amarillas, verdes etc.), que, cabe subrayar, tiene casi un siglo ininterrumpido de monopolio en la escena política nacional. Por cierto que en esa misma entidad, el pasado 5 de enero (y tan sólo un mes después de estrenar mandatario estatal), dos turistas originarios de Oaxaca fueron ejecutados a quemarropa y otros tres desaparecidos por personal de las fuerzas armadas. El peritaje del ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos oficiales que constatan la culpabilidad de elementos de la Marina. 

Pero no sólo los militares lo pasan cancheramente bien en este México ensangrentado. También los delincuentes. El año pasado (2016), la “justicia” nacional concedió el beneficio de “cárcel domiciliaria” a Ernesto Carrillo Fonseca, Don Neto, y en 2013 a Rafael Caro Quintero, criminales de alta ralea, y antiguos líderes del cártel de Guadalajara. Algún tribunal colegiado “maiceado” decretó falta de pruebas e irregularidades en el proceso de enjuiciamiento, ¡casi 30 años después! Pero en México, la impunidad es un deporte gubernamental que no sólo involucra a las altas esferas de la delincuencia organizada: reiteradamente, la CIDH ha denunciado que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria. 

En ese mismo año de 2016, centenares de maestros fueron arrestados por oponerse a la contrarreforma educativa. Algunos fueron liberados. Pero otros –no pocos– fueron confinados en cárceles de máxima seguridad. También dirigentes estudiantiles denunciaron que en 2016 el gobierno fabricó numerosos delitos en su contra que no tenían ningún asidero probatorio. Mientras el holocausto nacional discurre en un silencio ensordecedor (cortesía de la negligencia de los actores de la arena internacional y los medios de comunicación), el gobierno de México atiende eso que entiende por interés nacional: exonerar delincuentes de alto perfil, y recluir y fabricar delitos a maestros y estudiantes. 

“En México, el crimen organizado es un conjunto de actos que la ley considera delictivos, pero que son cometidos por funcionarios del Estado en la persecución de sus objetivos como representantes del Estado”. Esto sostenía el profesor español Carlos Resa Nestares, en su libro “Sistema político y delincuencia organizada en México”. La característica fundamental del crimen organizado en México es que se origina, alimenta y sostiene desde las estructuras del Estado. Y aunque eso lo saben o intuyen todos, en 2006, el presidente espurio, Felipe Calderón Hinojosa, decidió declarar la guerra contra el narcotráfico. Y, para ello, dispuso el despliegue de 45 mil militares en las calles del país. Pero dejo intocada la estatalidad; esa que coincidentemente aloja a los actores del narcotráfico. Si lo imaginamos en formato de dibujo animado, la imagen es la de un perro persiguiendo en círculos su propia cola. Con el agravante de que las fuerzas de seguridad nacionales ya estaban habilitadas para matar con licencia de impunidad. Porque en eso consiste una guerra interior. Y, en efecto, la guerra catalizó la muerte a gran escala. 

La guerra nunca fue contra el narcotráfico, sino por el control del narcotráfico, con la población civil inerme en medio del fuego cruzado. La guerra respondió a la urgencia de romper las añejas alianzas del PRI con los cárteles de menor envergadura, diseminados en la geografía nacional (Juárez, Golfo, Zetas, Familia Michoacana etc.), con el propósito de recentralizar el narcotráfico bajo la égida de la confederación de Sinaloa. Por eso en la administración de Vicente Fox (correligionario de Calderón), “El Chapo” “escapó” de la cárcel. Y por eso el priísmo de Peña Nieto reaprehendió al connotado capo di tutti capi, acaso para seguir con el designio de la recentralización, pero ahora bajo la tutela del Cártel de Jalisco Nueva Generación (que, según la DEA, actualmente es el cártel con más presencia en el país). La guerra contra el narcotráfico es una utilización específica de la fuerza pública que una cierta nomenclatura de Estado instrumenta para perseguir una agenda políticamente inconfesable. La guerra habilitó el escenario bélico que requerían las elites dominantes en México: a saber, la destrucción de la dimensión social del Estado (derechos laborales, derecho al usufructo del territorio, derecho a la seguridad, sindicalización etc.), y el enseñoramiento de la dimensión militar-criminal que permite la continuidad del bandidaje de Estado. 

México está dirigido por un puñado de castas beligerantes (en disputa intermitente) que cogobiernan con el narcotráfico, y que compran la impunidad en Estados Unidos a un altísimo costo político: i.e. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Plan Mérida, la guerra contra el narcotráfico etc. 

Y acaso por eso México es un holocausto en cámara lenta, y el segundo país más violento del mundo.

miércoles, 26 de abril de 2017

Migración y terrorismo de estado en la era Trump

Entre las metas que se propuso Trump antes de ocupar la presidencia de los EE. UU., probablemente la que ha tenido un mayor impacto es la relativa a su política migratoria. La amenaza naranja presume en sus primeros cien días de la disminución significativa del tránsito ilegal de personas en su frontera sur. Pero además ha emprendido una serie de acciones dirigidas a la deportación masiva, ampliando el rango de posibilidades para que una persona sea deportada y, al mismo tiempo, reduciendo las posibilidades de defensa de los derechos de los migrantes. En todo caso el eje central de su política migratoria radica en generar terror entre la población migrante para inhibir su crecimiento. 

La amenaza de Trump en su campaña electoral de deportar a 11 de millones de inmigrantes ilegales, junto con la intención de construir un muro a lo largo de la frontera con México fueron sin duda los pilares de su propuesta. Lo que no dijo es que sólo alrededor de la mitad de las personas que residen ilegalmente en los Estado Unidos son de origen mexicano. 

Tampoco parece asumir que el problema migratorio tiene un carácter estructural, provocado por el debilitamiento y subordinación de la economía mexicana y la necesidad de mano de obra barata que subsidie a la economía estadounidense. Este hecho no puede pasarse por alto al enfrentar el tema migratorio, por lo que queda claro que sus amenazas son simple propaganda para mejorar su imagen pública como salvador de la esencia de la nación pero, al mismo tiempo, generar terror entre la población inmigrante para obligarlos a dejar el país (lo cual parece poco probable porque el terror en los países de origen es mucho mayor) o inhibir que más gente intente ingresar ilegalmente. 

De otro modo no se pueden entender las redadas realizadas en febrero en los estados de Carolina Norte y Sur, Georgia, California, Nueva York, Washington e Illinios. A lo largo de cuatro días fueron detenidas más de 600 personas entre ellas un dreamer, Daniel Ramírez Heredia, quien fue detenido en su casa por agente del ICE (Inmigration and Customs Enforcement) quienes buscaban a su padre previamente deportado y que se presumía había regresado. Al no encontrarlo detuvieron a Daniel con el argumento de que había reconocido ser miembro de una pandilla. 

El caso demuestra claramente que no es necesario haber cometido un crimen grave para ser deportado. El rango de criminal se ha ampliado a delitos menores; a migrantes con orden de deportación que la han eludido o que incluso no saben que han sido deportados; a migrantes que se encuentran en juicio, los cuales pueden ser deportados sin esperar el resultado del juicio; a migrantes acusados de actos imputables, así como fraude o declaraciones falsas o por abusar de los beneficios en un programa de ayuda pública; y por último la posibilidad de que un oficial de inmigración crea que la persona representa un peligro para la seguridad púbica o nacional. Es decir, prácticamente todos los inmigrantes con o sin papeles pueden ser deportados. 

A lo anterior habrá que sumar la expulsión inmediata, es decir sin la necesidad de un juicio, que en el gobierno de Obama se aplicaba a inmigrantes detenidos a menos de cien millas de la frontera y que no fuesen capaces de demostrar que llevan más de 14 días en el país. Ahora la expulsión inmediata aplica en todo el territorio nacional y para todas las personas que hayan estado en el país por menos de dos años o que no puedan demostrarlo. 

Para llevar a cabo semejante política migratoria, el gobierno de Trump ha restaurado el programa 221(g) -que habilita a sheriffs locales y oficiales de policía local y estatal a cumplir con tareas migratoria. Pero además pretende la contratación de 10 mil oficiales de patrullas fronterizas sí como la ampliación de instalaciones para la detención de migrantes. Como se ve, la promesa de Trump de deportar a tres millones de inmigrantes indocumentados con record delictivo, incorpora una ampliación arbitraria de lo que se considera un delito, generando incertidumbre y temor. Nadie está seguro y esto con la intención es que sean los propios inmigrantes quienes transmitan ese temor a los amigos y familiares de sus lugares de origen que estén considerando la posibilidad de vivir ilegalmente en los EE. UU. 

De lo anterior se desprende la certeza de que la política migratoria de Trump -frente a la imposibilidad de evacuar a todos los inmigrantes ilegales, tanto por cuestiones de logística y capacidad real del sistema como por la necesidad de mano de obra barata- se funda en el racismo y la discriminación, en la creación de un ambiente de terror que, al mismo tiempo que procura inhibir la inmigración vaya también normalizando la violencia como forma de resolver problemas sociales. Hoy les toca a los inmigrantes ilegales. ¿Y después?

viernes, 21 de abril de 2017

¿Qué significa el triunfo de Donald Trump para el mundo, Latinoamérica y Estados Unidos? (Tercera Parte)


Por Arsinoé Orihuela Ochoa

Hasta ahora hemos tratado –nunca agotado– los efectos de Donald Trump en la arena internacional y en la región (Latinoamérica). Interésanos ahora abordar los impactos del triunfo electoral del incendiario magnate en el perímetro de influencia más inmediato: es decir, México y, naturalmente, Estados Unidos. En esta oportunidad tratamos el caso mexicano, y dejamos para la última entrega el caso del país cuyo colegio electoral lo eligió (no el balotaje popular). 

México: el gran perdedor 

El ascenso al poder de Donald Trump –coinciden en señalar los analistas– representa una catástrofe, una desintegración de la moral pública, y una derrota categórica para México, que es el gran perdedor de una larga cadena de perdedores que dejó el triunfo del republicano “outsider”. 

En su primer libro “El arte de la negociación”, Donald Trump escribe: “si mi adversario es débil lo aplasto y si es fuerte, negocio”. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegración de la moral pública (aplastar y no socorrer al débil), y la del inminente aplastamiento de su débil (e imaginario) adversario –México. 

Los efectos de Trump en México tocan mayormente dos renglones: el económico y el político (y sin duda el migratorio, que, por sí sólo, amerita un estudio aparte, pero que cruza transversalmente a los dos renglones referidos). 

Economía 

En materia económica, las élites en México apostaron por 30 años a un enemigo: Estados Unidos, y los intereses oligárquicos reunidos en su órbita. En 1994, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), y decretaron la bancarrota económica de los mexicanos. El tratado significó la desactivación del proceso de industrialización en México; destruyeron la planta productiva del campo y la ciudad (el país perdió más de 900,000 empleos agrícolas en la primera década del TLCAN, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos); privatizaron puertos, aeropuertos, minerales, hidrocarburos, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, banca etc. El tablero geopolítico en nuestra época se juega con dos fichas: finanzas e hidrocarburos. Y México, que potencialmente es una fuerza de primer orden en los dos renglones, renunció al control estratégico de esos factores geoeconómicos: el 92 por ciento de la banca está extranjerizada, y con la reforma energética de 2013, el país entregó rastreramente el petróleo a las siete hermanas de la industria petrolera. México tenía la economía más fuerte de América Latina. El TLCAN nos debilitó. Nos condenó a la humillación. En el presente, de acuerdo con analistas en la materia, México tiene el salario más bajo de Norte y Centroamérica (y que muchos países de Sudamérica), y los derechos laborales están absolutamente liquidados (seguridad social, pensión etc.). No es accidental que el narcotráfico es la principal fuente de ingresos en el país, que desplazó al petróleo, otrora campeón de la economía nacional, y a las remesas, que registraron una contracción con la persecución-deportación de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, especialmente tras el triunfo de Donald Trump.

Política 

Al gobierno de México lo único que le preocupa es la renegociación del TLCAN. Y es absolutamente omiso con las deportaciones masivas y la fractura de familia mexicanas que está teniendo lugar en Estados Unidos. La suerte de los migrantes nunca fue de ningún interés para las elites gobernantes: el TLCAN que esas propias elites firmaron, expulsó a millones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahora que están a punto de sufrir una segunda expulsión, de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano está cruzado de brazos, haciendo como que la virgen le habla, y renegociando humillantemente un tratado que dejó muerte y destrucción en suelo nacional. 

En materia política, el ascenso de Trump dejó huérfanas a las élites gobernantes. No tienen fuerza ni siquiera para movilizar populistamente a la población. Por añadidura, México no cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos. El TLCAN fue un harakiri político: la clase política en México eligió el proyecto con base en la geografía y por oposición a su historia y cultura. El Estado no tiene brújula, no tiene dirección. La política exterior es de persistente deshonra y humillación: el alto funcionariado mexicano lanza gestos de amistad a un gobierno – el de Estados Unidos – que responde con gestos de enemistad e insulto llano. México es un peón acasillado. 

En resumen, y en relación con el renglón político-geopolítico, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de gobiernos canallas y apátridas, que ahora, desesperados, no saben cómo recuperar autoridad y legitimidad, y acuden al narcotráfico y el militarismo para conservar el poder. 

El principal traidor de los mexicanos es su gobierno. 

¡Que muera el mal gobierno!

sábado, 8 de abril de 2017

¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

El 14 de marzo de este año, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, indicó a la prensa que habían sido encontrados 250 cráneos en un predio de la metrópoli porteña, y sugirió que podía tratarse de la fosa clandestina más grande del mundo. 

Estos hallazgos confirman lo que grupos de la sociedad organizada han denunciado durante los últimos 10 años: a saber, que Veracruz es un vertedero de cadáveres, y la sede de un narco-holocausto. (Glosa marginal: de 2007 a 2016, en el país se localizaron 855 fosas clandestinas). 

Lo cierto es que el estado de Veracruz cobró una notoriedad insólita en el último año. De hecho, las investigaciones sobre la crisis de derechos humanos en México a menudo acuden a Veracruz como estudio de caso para entender las causas del drama nacional. Un recuento de los costos humanos, pone de manifiesto que el narcoestado tiene en Veracruz a uno de sus más estratégicos campos de guerra. Las cifras dan cuenta de una tragedia humanitaria, y de una yuxtaposición de facultades, jurisdicciones e imperios: en México, el narcotráfico cogobierna con el PRI-Estado. 

No obstante, si bien está ampliamente documentada la crisis veracruzana por los propios actores sociales, especialmente periodistas, lo cierto es que priva en el país un desconcierto y un déficit en materia de análisis e interpretación. 

En este sentido, urge problematizar adecuadamente el caso de Veracruz, formular preguntas que orienten el análisis, y perfilar algunas hipótesis que ayuden a entender la catástrofe del estado. 

Por ahora, interésanos acudir a dos preguntas absolutamente pertinentes: ¿qué razones explican la crisis multidimensional en Veracruz?; y ¿por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia nacional? 

Para responder a estas preguntas es preciso atender tres factores: la relación PRI-estatal-nacional, el narcotráfico (como actor político), y los efectos de la guerra. 

Sólo a modo de contextualización, parece pertinente recapitular algunos de los horrores documentados por la prensa: 

1. En los últimos 10 años, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso de América Latina para el ejercicio profesional del periodismo. Sólo en los seis años de la administración de Javier Duarte de Ochoa, fueron asesinados 19 periodistas

2. En el marco de la guerra contra el narcotráfico, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista (mando único policial, gendarmería nacional etc.). Y nadie puede objetar que esos experimentos militares se tradujeron en un estado de barbarie 

3. De acuerdo con estimaciones oficiales, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron desaparecidas. Se calcula que cerca de 70 por ciento de esas desapariciones involucran a funcionarios públicos o agentes del estado 

4. Veracruz llegó ocupar el segundo lugar nacional en materia de secuestros, solo detrás de Tamaulipas, el estado vecino 

5. De 2011 a 2016, que es casi toda la administración de Javier Duarte de Ochoa, murieron por homicidio cerca de 3,500 personas (Panorama Noticieros 14-X-2016) 

6. La justicia está en bancarrota: las organizaciones civiles documentan que la impunidad es casi del 100 por ciento 

Estos son sólo algunos de los costos sociales más tangibles de la catástrofe veracruzana. Pero falta explicar por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México. 

De 2004 a 2010, el estado fue gobernado por Fidel Herrera Beltrán del PRI, quien desde esos años ha sido señalado por favorecer la creación de una especie de “consejo de gobierno" extrainstitucional (“La Compañía”), conformado, entre otros actores, por personal de los cárteles de la droga. En 2013, en una corte de Austin, Texas, testigos protegidos confesaron que el cártel Golfo-Zetas invirtió 12 millones de dólares en 2004 para que Fidel Herrera alcanzara la gubernatura, a cambio de protección política en Veracruz, “para operar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero, extorsionar y secuestrar con libertad” (Aristegui Noticias 9-IX-2014). 

En 2007, cuando Felipe Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron a la calle 45 mil militares. El estado de Veracruz alojó a una décima parte del total. Es decir, cerca de 5 mil elementos castrenses. Múltiples analistas han identificado que atrás del ejército estaba el cártel de Sinaloa. 

Parece que hasta allí se mantenía una especie de alianza bipartita en el estado, con el cártel del Golfo-Zetas, y con el cártel de Sinaloa, que era el cártel protegido del gobierno federal. Una especie de pax mafiosa (no tan diferente del Pacto por México de Enrique Peña Nieto), que sin embargo ya comenzaba a cobrar algunas víctimas. 

En 2010, el delfín de Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa, también del Partido Revolucionario Institucional, ganó las elecciones por escaso margen. Como gobernador electo, anunció que iba a apoyar la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Es decir, profundizó la relación con el gobierno federal, en detrimento de los arreglos precedentes. Eso implicó un reacomodo de las estructuras criminales en el estado, y, por consiguiente, una conflagración abierta con el cártel de Los Zetas en provecho del cártel del gobierno federal: es decir, el de Sinaloa, o más tarde, cártel Jalisco Nueva Generación, 

Si bien ya no tenía exclusividad, la evidencia sugiere que allí expiró la alianza del PRI-estatal con Los Zetas, por disposición de los mandos federales, y con la venia del gobierno de Veracruz. Y estalló la guerra. Un testimonio de un jefe de Los Zetas, recogido por Vice News, convalida esta conjetura: “Ha habido enfrentamientos para rompernos la madre a nosotros, pero ahí viene disfrazada la Marina, Policía Federal, Mando Único. Vienen mezclados con los grupos (criminales). Prácticamente estamos peleando contra fuerzas federales” (https://news.vice.com/es/article/secretos-jefe-los-zetas-gobierno-abrio-puerta-pacta-otro-cartel). 

Por otro lado, hay que recordar que Fidel Herrera dejó una deuda de 11 mil millones de pesos en el estado, y Javier Duarte de Ochoa, en los primeros años de gestión, se encargó de elevarla a más de 44 mil millones de pesos. 

En este sentido, el reacomodo delincuencial debió responder a un acuerdo entre el gobierno federal de Felipe Calderón, que demandó “limpiar la plaza” (minar la presencia de Los Zetas para abrir el flanco a Sinaloa), y el gobierno estatal de Javier Duarte, que aceptó el arreglo por la urgencia de recapitalizar las arcas del estado con dinero de la federación, y desde allí operar la elección presidencial de 2012. Ese año, dos empleados de Duarte fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca, Estado de México (entidad natal-operativa-residencial de Enrique Peña Nieto), por transportar en un avión dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo (Animal Político 30-I-2012). 

Es importante destacar que Veracruz es el segundo estado más poblado, con más de 8 millones de habitantes –sólo por detrás del Estado de México– y la entidad con el segundo padrón electoral más alto, con más de 5 millones de votantes. También es uno de los bastiones históricos del PRI, porque hasta el año pasado (2016) el partido gobernó ininterrumpidamente durante casi un siglo. De tal modo que es una entidad clave para la política del país, en general, y para el PRI, en particular. 

Y, efectivamente, Veracruz fue una pieza clave en la restauración priista de 2012. Ese año ganó la elección presidencial Enrique Peña Nieto del PRI, y desde ese momento varios elementos de la clase política estatal engrosaron las filas del gobierno federal. Poco antes de la toma de protesta de Peña Nieto, Javier Duarte anunció: “Vienen cambios importantes en la estructura federal; muchos veracruzanos participarán en ellos…” 

Tal vez ahora produce risa o llanto, pero en esa misma oportunidad, el ahora prófugo exgobernador remató: “Ya recibí invitación del presidente electo para participar en su administración, solamente que es para enero de 2017” (La Jornada 21-XI-2012). 

Por añadidura, en ese año de transición federal, y acaso como pago por servicios electorales, Veracruz consiguió el tercer presupuesto más alto para seguridad pública en todo el país, cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal. El PRI nacional concedió licencia para matar y delinquir en Veracruz, con márgenes irrestrictos de impunidad. 

Es evidente a todas luces que Veracruz es botín, laboratorio y base de operaciones de las agendas del PRI nacional. 

Que Veracruz figure como el epicentro de la tragedia nacional se explica por la suma de tres factores: la relación satelital y rastrera del PRI estatal en relación con el PRI nacional (y el PAN); el ensamblaje integral del PRI estatal con el narcotráfico; y la habilitación de la entidad como teatro de guerra para ensayar fórmulas de ocupación militar y despojo a gran escala de recursos. 

En suma, la crisis humanitaria de proporciones holocáusticas en Veracruz, es el resultado de las maquinaciones políticas del PRI-partido (en contubernio con facciones del Partido de Acción Nacional). 

Por eso el exgobernador Javier Duarte –que sigue en calidad de prófugo– es un protegido clave del gobierno federal. Y acaso por los arreglos con el PRI, Felipe Calderón consiguió que el PAN postulara a Margarita Zavala –su esposa– como candidata a la presidencia para la elección de 2018, a pesar de la fuerte oposición de su partido. 

La presidencia de Enrique Peña Nieto, y la candidatura de Margarita Zavala, están sostenidos en arreglos inconfesables con el narcotráfico, y en un vertedero de cadáveres que comprende toda la geografía nacional, pero cuyo epicentro está en Veracruz.

martes, 4 de abril de 2017

De Cuba a Venezuela: la decadencia de la diplomacia mexicana.


Hace ya más de medio siglo, en el balneario uruguayo de Punta del Este, se celebró la Octava Reunión de Consulta de la Organización de Estado Americanos (OEA). Su objetivo no era otro que expulsar a Cuba de la organización, poco después de que Fidel Castro había declarado al marxismo-leninismo como la ideología de la revolución cubana. A pesar de las abstenciones de Chile y Ecuador y los votos en contra de México, Brasil y Cuba, los designios del imperio se consumaron. 
 
La oposición, encabezada por la delegación mexicana, intentó salvar las formas señalando que para expulsar a un miembro la OEA era necesario modificar la Carta de la propia organización, pero sobra decir que dicho argumento no prosperó. La Guerra Fría estaba en su apogeo y el desafío lanzado por la revolución cubana era simplemente intolerable para los EE. UU. Y si bien México adoptó una posición ambigua -enarbolando la tesis de la incompatibilidad del marxismo–leninismo con los principios de la OEA, buscando que fuera la delegación cubana la que se separara para evitar la expulsión- al final fue el único país del continente que mantuvo relaciones diplomáticas con la isla.

Las presiones contra semejante actitud no vinieron solo desde Washington sino también desde el interior; tanto los grandes empresarios como la jerarquía católica presionaron al gobierno de López Mateos para alinearse a la política imperial aduciendo el principio de la propiedad privada, amenazada por la postura de Castro. Las relaciones entre banqueros, industriales y comerciantes con el presidente no eran buenas y las presiones fueron públicas, sobre todo porque poca antes de la reunión en Punta del Este, López Mateos había declarado a su gobierno como “de extrema izquierda dentro de la Constitución” Si a esto agregamos los conflictos suscitados por la publicación de los libros de texto gratuitos para la educación básica y la debilidad de la economía mexicana por el crecimiento mínimo (1% del PIB) y la baja inversión extranjera, la postura de la delegación mexicana se sostuvo gracias a su tradición diplomática.

En estos días, en medio de las maniobras de la OEA para expulsar a Venezuela casi con los mismos argumentos que se utilizaron con Cuba en enero de 1962, no se puede dejar de comparar el enorme deterioro de la autonomía relativa de la diplomacia mexicana. Si en Punta del Este la delegación mexicana encabezaba la postura contraria a la de los EE.UU. hoy simplemente se ha incorporado con evidente protagonismo para cumplir sin ambages con los intereses yanquis. La Guerra Fría ha terminado y sin embargo la OEA sigue cumpliendo fielmente con los objetivos para la que fue diseñada: servir de punta de lanza para mantener el dominio imperial, sometiendo a los países de la región a sus designios. 
 
Las agresiones verbales y la persecución y estigmatización de los migrantes mexicanos gracias al neofascismo encabezado por Trump facilitarían mucho más que en 1962 una postura más autónoma del gobierno mexicano frente al caso de Venezuela, que incluso le darían a Peña la posibilidad de mejorar su pésima imagen. Empero, los hechos confirman lo contrario, dejando muy claro que los tiempos han cambiado. Un gobierno postrado y sin apoyo popular prefiere jugar a la segura, a pesar de los golpes que ha tenido que aguantar, y sumarse al embate de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. 
 
El martes pasado, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en donde expresa “su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático” pasando por alto las gravísimas alteraciones al orden constitucional en Argentina -con el macrismo en el poder- o al de México, con la militarización sistemática iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón. La condena también pasa por alto el hecho incontestable que ha sido precisamente la oposición a la revolución bolivariana la que -ahora desde el Congreso pero desde hace años con conspiraciones y acoso mediático nacional e internacional- una y otra vez ha demostrado su desprecio por el cacareado orden constitucional. En el colmo de la simulación, la lista de los 17 países que suscribieron la declaración no ha sido revelada, pero el camino a la suspensión de Venezuela como integrante de la OEA está abierto y parece que sólo es cuestión de tiempo. 

La frase histórica de Juárez, que es también la de todos los países periféricos para oponerse al neocolonialismo, ha perdido así toda su vigencia en México y no queda más que admitir que de la tradición diplomática construida a lo largo de casi dos siglos no queda nada. Desde el infame “comes y te vas” hasta la sumisión humillante de Peña a las bravatas de Trump, la carga simbólica de la postura diplomática mexicana es historia. ¿A cambio de qué?

domingo, 2 de abril de 2017

¿Qué es la Ley de Seguridad Interior en México?

La Ley de Seguridad Interior es el resultado natural de 10 años de sobrempoderamiento de las fuerzas castrenses en México y más de treinta años de aplicación del diseño de seguridad estadounidense, que involucra altos contenidos de militarización. La guerra contra el narcotráfico, que es un tipo de guerra multimodal (ocupacional-territorial, contrainsurgente y de exterminio), y que por decreto anticonstitucional ordenara Felipe Calderón Hinojosa en 2006 (padrino institucional del narco-holocausto en México), habilitó un escenario bélico políticamente propicio para el escalamiento del poder militar en las estructuras institucionales del país. La Ley de Seguridad Interior es la claudicación del mando civil frente al mando militar, la coronación de una dictadura cívico-militar pactada. 

Si consideramos los resultados tangibles como prueba de intencionalidad (que en política es lo que corresponde hacer), es posible afirmar que la guerra contra el narcotráfico, desde su génesis e instrumentación, fue una estrategia para instalar la dictadura en México. La Ley de Seguridad Interior es parte de ese continuum. 

La hipótesis de que la guerra contra el narcotráfico es el “pedal de acelerador” de la dictadura en México se sostiene en indicadores que coincidentemente mostraron un comportamiento análogo en los regímenes militares de Sudamérica. Por ejemplo: la militarización de las estructuras de seguridad, las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares (que en México se elevó 1000% a partir de 2009, de acuerdo con la CNDH), la aniquilación de activistas-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales efectuados por personal militar (Tlatlaya, Apatzingán, Villa Purificación, Iguala, Puerto de Veracruz y un largo etc.). En suma, un conjunto de acciones que por definición concurren en dictadura. 

La iniciativa de ley que presentó César Camacho Quiroz (coordinador parlamentario del PRI, y un peón institucional de baja estofa), tiene como propósito reglamentar la acción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, funciones que, por cierto, corresponden constitucionalmente a las policías. Por añadidura, la propuesta de ley amplifica el horizonte de la presencia militar en la vida pública, injerencia que, por cierto, ha sido una de las causas del ensangrentamiento del suelo nacional, y no un disuasorio como rastreramente insisten los ideólogos del oficialismo. 

La Ley en principio es anticonstitucional. En contenido es criminosa. Tiene las características definitorias del PRI-Estado. Posee la impronta de la política institucional en México. Huele a PRI. Es del PRI (el Estado en su conjunto, no el partido). 

Puedo escuchar los gemidos desconsolados de los presuntos liberales que no saben que no son liberales, y de los aprendices de corruptos que no saben que son aprendices de corruptos. Pero, en fin, regresando a la hipótesis de esta entrega… 

Hay tres momentos cruciales que ayudan a explicar el sobrempoderamiento de las fuerzas castrenses en México, y la consiguiente involución del país de una dictadura-civil-asistencialista a una dictadura-cívico-militar-sin-concesiones (que en realidad es lo que está en cuestión con la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior): uno, la incorporación de jefes militares a los ministerios e instituciones de seguridad pública en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada (con la llegada del general Rafael Macedo de la Concha a la Procuraduría General de la República en 2000, terminaron 97 años de tradición civil en esa institución); dos, el despliegue de 45 mil militares en las calles tras la declaratoria de guerra del “borracho, usurpador y asesino” Felipe Calderón (nótese que el epíteto es cosecha de su colega Humberto Moreira, no mío); y tres, la operación fallida del gobierno de Enrique Peña Nieto por encubrir la participación del ejército en la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa (todos los peritajes independientes apuntan al batallón de infantería). En los dos primeros momentos, las fuerzas armadas conquistaron espacios públicos de alto capital político. En el tercer momento, ese capital político quedó al borde de un descalabro terminante. La Ley de Seguridad Interior es un recurso para fortalecer, ensanchar e inmunizar el capital político de los militares. 

Otros tres episodios de la historia nacional, relativos a esos más de treinta años de aplicación del diseño de seguridad estadounidense, que prefiguraron la inevitabilidad (desde la lógica de los poderes constituidos) de una Ley de Seguridad Interior, son los siguientes: uno, la “guerra sucia” que tuvo lugar en los decenios 1970-1980, y que incorporó a efectivos militares en las tareas de contrainsurgencia e inteligencia; dos, la aparición de la Dirección Federal de Seguridad, primera agencia gubernamental que combinó tareas de contrainsurgencia y antidrogas, conformada mayoritariamente por elementos del ejército; y tres, la aprobación e implementación de la Iniciativa Mérida (Plan México), tributaria del Plan Colombia, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que profundizó el maridaje de la fuerza pública nacional con los comandos de inteligencia militar en Estados Unidos. La Ley de Seguridad Interior corona el proceso de conversión de las fuerzas armadas nacionales en fuerzas armadas al servicio de centros de autoridad extranjeros. 

La próxima elección presidencial está en puerta. El ejército es un actor político neurálgico en esa trama electoral. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el PRI cosecha dos prebendas: en caso de un triunfo, lealtad; y en el escenario de una derrota, impunidad. 

La Ley de Seguridad Interior es el PRI: pero agravado, envejecido y arrodillado.

jueves, 30 de marzo de 2017

Estado de la política en el tercer espíritu del capitalismo

Maximiliano López

La política mundial presenta un cuadro complejo y difuso en las primeras décadas del siglo XXI. Si la década del ochenta y la del noventa se amparó en un panorama más homogéneo, reflejado en la expansión progresiva e imparable del capitalismo tardío y la democracia liberal, los primeros decenios del actual siglo están demostrando que, ese modelo, sin competencias sistémicas, pero con críticas y experiencias heterogéneas, se encuentra en un estado de lento pero constante declive que conducirá, inevitablemente, a una nueva reconversión del sistema económico y político.

El tercer espíritu de capitalismo[i] pasó de un momento de auge durante las décadas de los ochentas y noventas para luego iniciar un periodo de lenta caída en los dos mil, primero en los países periféricos y luego, con gradual pero constante y creciente fuerza, en los países centrales. Este espíritu fue alimentado en base a las críticas hacia el capitalismo precedente e incorporó, en un contexto de crisis del consenso del segundo espíritu basado en el modelo capitalista de bienestar social, algunas de las demandas de los movimientos críticos y contraculturales de los sesentas y setentas al mundo de la economía y el trabajo, en especial los relacionados a la crítica artista[ii].

La incorporación de elementos de la crítica artista anuló los reclamos de la crítica social, pues las declinantes y estancadas experiencias del socialismo real, sumado a la poca funcionalidad que ofrecía un agotado modelo de bienestar occidental tanto a las fuerzas capitalistas como a las nuevas e intermedias generaciones de la clases trabajadora y profesional y a las economías nacionales, posibilitó la emergencia de una sociedad en la cual el Estado comenzó a retroceder al igual que los sindicatos, y en donde el capital privado creció y sus representantes comenzaron a dictar con una inusitada fuerza el destino de los trabajadores, con un apoyo cada vez más activo de una clase profesional y unos sectores medios diferenciados de otros sectores medios no tan en contacto con esos capitales beneficiados. El hartazgo significativo de las bases (en especial, las generaciones jóvenes) hacia cuestiones relacionadas a las características opresivas y moralistas del viejo capitalismo terminaron dando el consenso que faltaba a la emergencia del tercer espíritu.

Algo notable en esa época de cambios, fue el desarrollo trágico que tuvieron las fuerzas de izquierda y el sindicalismo en Europa Occidental, pues luego de una etapa de cierta concordancia e influencia significativa dentro de los distintos sistemas políticos, ante la crisis del capitalismo de posguerra y la emergencia del modelo tardío, en ese hiato entre la caída de un modelo y el ascenso de otra configuración del sistema económico, los partidos comunistas endurecieron su crítica social al capitalismo más allá del reformismo eurocomunista[iii] que abrazaron en los setentas y pusieron en un segundo plano a la crítica artista, y, por el otro, los partidos socialistas (o socialdemócratas) de Francia, España, Italia y Alemania, comenzaron a acercarse, en forma gradual, a la tesis neoliberales emergentes y las reformas de mercado, en especial, luego de algunos intentos por darle respiración artificial al procedimentalismo del segundo espíritu del capitalismo. La izquierda de carácter reformista, representada en partidos, movimientos e intelectuales, comenzó a ver con buenos ojos el surgimiento del nuevo espíritu capitalista por la incorporación de elementos, conceptos, herramientas y prácticas del universo social y comunitario[iv] así como de la crítica artístico-cultural. Ello fue así no solo en el sub-universo socialdemócrata sino también en las corrientes internas del eurocomunismo que, de carácter más liberal, se escindieron de las posturas reacias a abrazar la transformación económica y social que comenzaba a operar.

Los sindicatos, por su parte, en el caso de los más poderosos y hegemónicos, también comenzaron a despegarse de la postura del ala dura de la izquierda e iniciaron un proceso de despolitización de su discurso y sus reclamos. Más allá de que no veían como algo conveniente la imposición gradual de nuevas reglas de negociación, avizorando ya una cancha torcida a favor del mundo empresarial en contraposición con las condiciones más o menos igualadas en el capitalismo keynesiano, las aceptaron por la razón que una parte nada desdeñable de la clase trabajadora y profesional las aceptó, en un principio, de buena gana. Ante una represión solapada del Estado y el riesgo de sumar causas para una desindicalización que, de todas maneras, se fue dando de manera inexorable, gracias a la multiplicación de herramientas de control laboral y salarial bajo la órbita empresarial y un Estado orientado a empoderar a ese sector, y en una situación nebular y desconcertante ante la velocidad de los cambios, no tuvieron otra opción.

En otros lados del mundo, como en América Latina, algunos Estados-nación experimentaron la entrada al tercer espíritu del capitalismo a sangre y fuego. No se trató de un cambio dado en un marco democrático o partidocrático sino que, más bien, se posibilitó por el poder de las armas y la violencia estatal. Así han sido los casos de Chile y Argentina, por ejemplo, considerados los más virulentos, aunque en todo el continente se registró una represión visible contra las fuerzas alineadas a la crítica social y/o defensoras del modelo de bienestar. No solo los movimientos políticos de izquierda y nacional-populares fueron perseguidos y reprimidos, también los sindicatos y la clase trabajadora han sido brutalmente oprimidos como punto de partida para allanar el terreno donde se implementarían las primeras reformas de mercado. En Latinoamérica y otras regiones periféricas del mundo, las políticas tendientes a posibilitar la emergencia del tercer espíritu del capitalismo, que se asentarían no tanto en los setentas y ochentas como si sucedió en los noventas ya bajo gobiernos democráticos constitucionales, se dieron gracias, además de a la formación de un consenso entre el poder económico y político proclive a la puesta en marcha de tales reformas, que hizo mella, a través del reforzamiento propagandístico, en sectores medios dentro de un contexto social y económico deteriorado, a la movilización del aparato militar y policial de esos Estados , por entonces, burocrático-autoritarios. Una estructura de poder estatal, por antonomasia, del segundo espíritu del capitalismo.

La fórmula del capitalismo tardío fue adoptada tanto por fuerzas conservadoras como progresistas. Los reclamos y banderas de mayor libertad y autonomía fueron asimilados por el poder económico y puestos en función de la reducción del poder del Estado y los sindicatos así como de sus funciones sociales. La coalición que sustentó y aún sigue sustentando este espíritu es amplia e incluye a una gran variedad de actores políticos, sociales y económicos. Los partidos del orden que sostenían el poder en los Estados-nación así como los movimientos, partidos y coaliciones aspirantes a cumplir ese papel, comprendieron que, para materializar esa ambición en el nuevo escenario, tenían que reformarse, pactar con el mundo empresarial (en especial, aquel con conexión internacional) y los organismos de crédito multilaterales e instrumentar las políticas de modernización económica así como también reconocer los nuevos modernismos sociales bajo coordenadas de carácter neoliberal. Muchas organizaciones del mundo sindical, al igual que partidos políticos aspirantes a encabezar las coaliciones de orden en los tiempos del tercer espíritu del capitalismo, ya sea seducidos consciente o inconscientemente, por inercia o bien obligados por las circunstancias planteadas en esta reconversión de la economía y la sociedad, se vieron imbuidos en un proceso de profesionalización y tecnificación que los alejó de las bases contribuyendo a generar nuevas desigualdades y profundizar las pre-existentes en el mundo del trabajo y la economía.

La libertad y la autonomía puestas al servicio del capital, más allá del consenso inicial dado por amplias capas del sistema político y unos sindicatos desconcertados por la intensidad de estas nuevas medidas, sin el marco de desplazamiento y negociación que ostentaban en el capitalismo de posguerra frente al aceleramiento en la velocidad de movimiento de las fuerzas capitalistas, dieron como resultado, en el corto plazo, un empeoramiento de las condiciones laborales y un acrecentamiento sin precedentes del poder económico, orientado hacia un proceso de concentración y transnacionalización del mismo.

La caída del socialismo como modelo político, social y económico como horizonte alternativo, posibilitó el rápido ascenso de este capitalismo que incorporó las críticas en cuanto a la faceta opresiva y burocratizada del modelo de bienestar para auto transformarse, incinerando, paso a paso, en algunos países (los que abrazaron con fuerza esta doctrina), mas y, en otros (donde las fuerzas ligadas a las instituciones de bienestar y la protección social y laboral aún persisten y tienen una nada despreciable capacidad de maniobra) menos, tanto sus funciones opresivas como protectoras en materia de beneficios para las clases medias y bajas. En general, se dio un marco en el que se potenció la capacidad creativa en el mundo del trabajo, también fomentada por una espectacular evolución tecnológica, pero en el que también se precarizó la vida de un conjunto importante de la población mundial, fragmentándola y despojándola de herramientas orientadas al logro de un cierto control colectivo sobre las fuerzas que operan por encima de ella. La mayor autonomía e individualismo devino en mayor presión y peores condiciones laborales, mientras que la masa de trabajo se acrecentó pero no así el nivel salarial.

“El balance, desde el punto de vista del trabajo, de las transformaciones del capitalismo a lo largo de los últimos decenios no es, por lo tanto, demasiado glorioso. Aunque no cabe duda de que los jóvenes asalariados de hoy, que no han conocido los antiguos modos de producción del trabajo, no los habrían soportado más de lo que lo hicieron sus mayores, que se rebelaron contra estos dispositivos en 1968, contra las jerarquías de la década en 1960 y contra su autoritarismo y moralismo, y aunque resulta evidente que en numerosos casos el enriquecimiento de tareas, el desarrollo de las responsabilidades en el trabajo y las remuneraciones en función del mérito han satisfechos deseos importantes de los asalariados, no podemos dejar de señalar tampoco las numerosas degradaciones que han marcado desde hace veinte años la evolución de la condición salarial.” (Boltanski y Chiapello, 2002)

Sin embargo, con el pasar de sucesivas crisis tanto en el mundo periférico como el central, fueron surgiendo reacciones así como también ha ido condensándose críticas hacia este espíritu. No obstante, el poder, la inserción en la vida cotidiana y la velocidad de desplazamiento de las fuerzas emanadas del tercer espíritu del capitalismo así como la fractura social provocada por este hacen que ellas se encuentren siempre en un estado de fragilidad y desventaja.

“Cabrá referirse a las dificultades a las que se enfrentan sindicatos y partidos en lo que atañe a la carencia de modelos de análisis y argumentos sólidos y oponibles, a causa de la descomposición de los esquemas ideológicos admitidos hasta el momento, que descansan, en su mayor parte, en una representación de la sociedad en términos de clases sociales. Los dispositivos de representación (en el sentido de las representaciones que son al mismo tiempo sociales, estadísticas, políticas y cognitivas) que contribuían a dar cuerpo a las clases sociales y que les conferían una existencia objetiva tienden a deshacerse, sobre todo bajo el efecto de los desplazamientos del capitalismo, lo que lleva a numerosos analistas a considerar obsoleto este principio de división. Tales cuestionamientos facilitan en cierto modo la reconstrucción de la crítica social porque hacen hincapié en el mundo tal y como es, pero tienen también como efecto inmediato la deslegitimación de los resortes ideológicos tradicionales y, por lo tanto, la acentuación de la crisis de la crítica.” (Boltanski y Chiapello, 2002)

Hay que comprender tanto las consecuencias lesivas para amplios sectores sociales como las conquistas relativamente beneficiosas para determinados segmentos de la sociedad, en especial por el lado de los reconocimientos de carácter cultural y civil. Por un lado, las condiciones sociales y laborales siguieron un curso de precarización y empobrecimiento, además de una notable diferenciación entre diferentes segmentos de las clases medias y bajas[v], aumento de la incertidumbre para los sectores socio-económicos subalternos sujetos a frecuentes inestabilidades en el mercado laboral, falta de protección por parte de instituciones públicas y sindicales, etc. y por otro lado, reconocimiento de sectores y banderas de la sociedad civil (minorías étnicas, de género, DD.HH., ecologismo, etc.) que antes no eran debidamente reconocidos en cuanto grupos con su propia forma de ver la sociedad y tradiciones.

Críticas, reacciones y movimientos

Tanto la crítica como las reacciones al tercer espíritu del capitalismo, si bien se manifiestan con cierta intensidad, son de carácter difuso. No es que haya una ideología unificada contraria y, a la vez, complementaria, al mismo (como la URSS en la Guerra Fría) o haya uno o dos sistemas ideológicos, políticos y económicos (como el fascismo y el real socialismo cuando el modelo de capitalismo con bienestar y Estado protector no terminaba de tomar forma entre la gran depresión del treinta y el final de la Segunda Guerra Mundial) que compitan con él.  No hay modelos alternativos de donde asimilar y copiar instituciones, programas, etc. Tampoco hay una crítica social y artística consolidada debido a, como mencionamos, el poder ubicuo del actual espíritu. Con grandes empresas transnacionales en distintos rubros que traspasan el poder de más de la mitad de los Estados-nación del mundo. Pero si existen un conjunto de experiencias surgidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida en esas sociedades donde fracasó en su variante neoliberal. Visiones por derecha e izquierda y de raigambre popular-territorial que, en su mayoría, no proponen un sistema económico alternativo, pero si reformas que morigeren características elementales. Opciones que, en su mayoría y de alguna manera u otra, buscan expandir el derecho al capitalismo sobre los sectores de la sociedad que se sienten afuera o al borde de la exclusión.

En los dos mil, las reacciones al tercer espíritu del capitalismo se han visto en América Latina y otras partes del mundo periférico, como la Rusia post-soviética y pos-neoliberal, regiones sacudidas por crisis provocadas en el marco del esquema económico neoliberal donde se dieron movimientos y gobiernos que implementaron gracias a, paradójicamente, un contexto económico beneficioso para estos países emergentes, medidas tendientes a reorganizar al Estado en sus funciones protectoras a nivel social y laboral. Posteriormente, en la segunda década del siglo XXI, la crítica y el desencanto hacia el capitalismo tardío fue tomando fuerza en el corazón de occidente (Europa Occidental y EEUU), pues allí existe una sensación de hartazgo hacia la política económica de precarización laboral y hacia un sistema político que está siendo desbordado por nuevas opciones que surgen desde los márgenes como consecuencia de una crisis de representatividad.

Las figuras tradicionales de la política, sean del ala izquierda o derecha del espectro político, liberales, conservadores o socialdemócratas, dejan un vacío que está siendo ocupado por fuerzas emergentes y periféricas, las cuales representan a esos sectores sociales que se sienten desplazados por las fuerzas tradicionales, cuyas elites dirigentes se encuentran más cerca del establishment económico consolidado por el tercer espíritu del capitalismo, mientras que en otros casos, hay corrientes partidarias internas disputando esa dirigencia tradicional y proponiendo un cambio de dirección en las mismas.

Los nuevos partidos y movimientos sociales son un reflejo de la sociedad descontenta. Pueden representar una ideología clara o se manifiestan como apolíticos. Lo cierto es que, en la mayoría de las experiencias, se tratan de fuerzas anti-establishment que se oponen a la coalición entre los partidos tradicionales del sistema político y la elite del poder económico de carácter globalizador, y en contraposición a la agenda globalista, proponen una de carácter proteccionista en lo económico y soberanista en lo político. Rescatan banderas del segundo espíritu del capitalismo y, en algunos casos, rechazan el cosmopolitismo y la complejidad adquiridos por la sociedad civil al igual que la inscripción de esos derechos que reflejan esa diversidad, mientras que, en otros casos, se proponen hacer una síntesis entre la instalación de una agenda en sintonía con la crítica social al tercer espíritu, la resignificación de banderas e instituciones del segundo espíritu y ciertas conquistas así como reclamos pendientes de cristalizarse del lado de la crítica artista.

Puede vislumbrarse en ese tipo de fuerzas políticas y sociales una reacción por derecha, de carácter nacionalista/conservador popular, ante el tercer espíritu del capitalismo. Que buscan, o al menos lo aparentan, una cierta reivindicación en materia social y económica con los sectores desfavorecidos por las reformas de mercado (consolidación y mejora del empleo) pero, contradictoriamente, bajo un discurso anti-estado (en algunos casos como el de Trump) y en desmedro del reconocimiento a la diversidad de una sociedad compleja, conformada por minorías de distinto orden (étnico, de género, etc.), ubicando a la inmigración y las minorías junto a la desindustrialización y la precarización laboral bajo una misma vara ajusticiadora como causa de los males que se ciernen sobre un país y las capas sociales más golpeadas por el tercer espíritu del capitalismo. Se tratan de fuerzas sustentadas por sectores considerados abandonados por la elite política y económica que mira y actúa más en función a lo que sucede en un nivel transnacional que en base a las necesidades de las capas medias y bajas de la población, en especial las originarias del país donde actúan y operan estos partidos, a las que apuntan, en reiterados casos, con un discurso neofascista, anti-moderno y post-moderno a la vez, usando el recurso retórico del engrandecimiento del ser nacional en detrimento de las minorías de todo tipo.

También existe una reacción y una crítica por izquierda, aunque esta se da en menor medida en el mundo desarrollado, a diferencia de las experiencias que aún tienen lugar en, por ejemplo, América Latina. Fuerzas de carácter nacionalista, progresista y popular que, a través de la constitución de coaliciones, plantean una agenda redistributiva en el plano social y económico así como el reconocimiento de diversas formas de reproducción social y económica que, si bien en la actualidad no se encuentran por su mejor momento a causa del declive de experiencias políticas significativas en los últimos años frente a un reimpulso del reformismo de mercado producto del surgimiento de nuevas coaliciones de carácter neoliberal, siguen ostentando una gravitación nada desdeñable.

En este escenario, los partidos tradicionales, en especial los considerados de centro-izquierda, se encuentran obligados a reconvertirse en sintonía con las necesidades y demandas de cambio social y económico. Algunos partidos en el mundo han tenido la capacidad de hacerlo y salir airosos, otros, se encuentran en el arduo proceso. Podemos poner como ejemplo a los partidos de carácter socialdemócrata en Europa que transitan un debate interno entre dos grandes líneas, por un lado los que proponen seguir con una agenda de índole neoliberal progresista y por el otro, los partidario de orientar a estas estructuras políticas a posiciones más cercanas a sus bases y las banderas fundacionales, abandonando la postura proclive a continuar con las reformas de mercado típicas del tercer espíritu del capitalismo en mezcolanza con el reconocimiento y expansión de derechos ciudadanos y empoderamiento de minorías en la sociedad civil. En sí, buscan mantener lo segundo y abandonar la doctrina económica neoliberal. Continuar las conquistas en materia de derechos y expansión de ciudadanía, lo que consideran bueno e inclusivo del globalismo, y desandar el camino de las reformas que minan la protección laboral y social que aún queda de los Estados de bienestar de posguerra. Es una postura más de alerta y en guardia que la mantenida por las líneas neoliberal-progresistas que dirigieron este tipo de partidos entre los ochentas, noventas y dos mil, que asumieron las medidas de corte neoliberal como un camino inevitable a transitar, aunque no sin defender, en la medida de lo que creían posible o  vislumbrar algún tipo de transformación que mantuviera y alargara la existencia de, las instituciones protectoras y ejecutoras de derechos sociales y laborales surgidas durante el segundo espíritu del capitalismo. Estas contradicciones y luchas internas están haciendo a la vieja socialdemocracia transitar por aguas peligrosas, pues su representatividad no cesa de reducirse frente a opciones nacionalistas, como en Reino Unido, que toman parte de sus banderas y agrupaciones nuevas pertenecientes a la nueva izquierda, como en España y Grecia, o al centro, como en Francia.

Las opciones abroqueladas en el marco del tercer espíritu del capitalismo, y que no reniegan del mismo al punto de buscar reformas que lo orienten hacia una transfiguración significativa, también presentan una cierta renovación, la cual hace que el consenso alrededor del modelo neoliberal siga en pie. Hay una fuga hacia adelante tanto desde el neoliberalismo conservador como el neoliberalismo progresista que reside en el empuje de las fuerzas tradicionales renovadas, como lo ha sido en el partido demócrata estadounidense con la coalición liderada por Barack Obama entre 2008 y 2016, o bien de fuerzas políticas nuevas, como la formación encabezada por el ex socialista francés Emmanuel Macron, con chances de imponerse a la ultranacionalista Marine Le Pen en las elecciones francesas de este año. Allí, todo parece indicar que, en un marco inédito dentro del cual una elección se polarizará entre dos fuerzas no tradicionales y consideradas contrarias a la elite política cohabitada por conservadores gaullistas y socialistas, una gran coalición de carácter neoliberal progresista, liderada por un nuevo movimiento, se impondría sobre la reacción por derecha al tercer espíritu capitalista. Y este se alejaría un tanto más del peligro que supuso la victoria electoral de Donald Trump, erigido pieza central de la reacción de carácter nacionalista conservador popular.

La dinámica política y económica mundial parece prefigurar un siguiente espíritu capitalista de carácter más pragmático y menos dogmático que el basado en la visión neoliberal. No significa que el neoliberalismo como doctrina se encuentra herido de muerte, pues el constante surgimiento y revitalización de fuerzas que han incorporado esa visión parece no cesar. Sin embargo, ya no se trata de EL modelo, sino que, desde hace unos años a la actualidad, viene figurándose una realidad en la que es tan solo una forma de ver la sociedad y la economía más, la cual sigue siendo dominante, sí, pero debe coexistir con otras maneras de construir el poder político, social y económico que obedecen más a características y matices del territorio donde emerge como de la composición social, política y económica de las elites, capas intermedias y bases que constituyen las coaliciones gobernantes y/o dominantes, así como también del peso de las agendas de cada uno de esos componentes en la agenda general que buscan implementar. Ecuaciones, que se interrelacionan y complementan, no sin conflictividad social de por medio, con otras ecuaciones, que pueden dar como resultado dominante una continuidad del tercer espíritu del capitalismo con más reformas de mercado y más cosmopolitismo a través de coaliciones encabezadas por nuevos movimientos o viejos partidos reconvertidos de carácter neoliberal progresista y/o conservador, o una reforma por derecha o izquierda que coloque, tan solo discursivamente o en la práctica, en el centro de la agenda la crítica social a este tercer espíritu capitalista y desempolve conceptos, instituciones y herramientas del segundo espíritu en lo concerniente a políticas de protección económica y/o social que, sin embargo, pueden diferir en forma significativa sobre cuestiones culturales (la crítica artista) ligadas a derechos que reflejen el empoderamiento de minorías, cosmovisiones alternativas y cuestiones como el medio-ambiente.



[i]Luc Boltanski y Eve Chiapello, en El Nuevo Espíritu del Capitalismo, basándose en el análisis weberiano, establecieron una división histórica del capitalismo, por sus formas y contenidos, en tres etapas o espíritus. El primero tuvo lugar a en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el segundo espíritu se desarrolló entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el segundo lustro de los setentas, mientras que el tercero emergió a principios de los ochentas y sigue sosteniéndose en la actualidad.
[ii] La Crítica artista, junto a la crítica social, son los elementos centrales, en la tesis de Boltanski y Chiapello, a partir de los cuales, en tanto fuentes de modernismo social, político y económico, el capitalismo se reinventa en forma constante. Mientras la crítica social está asociada a las nociones de igualdad social y solidaridad, la crítica artista se relaciona a los reclamos de libertad y autonomía.
[iii]  El eurocomunismo fue un movimiento reformista que se dio entre finales de los sesenta y los setentas en varios de los partidos comunistas de Europa Occidental (en especial de los más importantes, como los partidos comunistas francés, italiano y español, entre otros) como una forma de diferenciarse del socialismo real de la URSS y los países bajo su influencia en Europa Oriental. Una especie de tercera vía entre el capitalismo y el modelo soviético en la cual la democracia multipartidista era aceptada de manera táctica y estratégica por estos partidos para llegar al poder y de ahí, promover transformaciones en consonancia con sus programas de cambio social y económico de carácter marxista. Sugerían que el comunismo debería ser considerado un elemento de preponderancia en las democracias capitalistas occidentales y también que los partidos y movimientos de tinte liberal o no-comunistas deberían ser aceptados en los sistemas políticos del socialismo real.
[iv] El tercer espíritu del capitalismo no solo se ha nutrido de la crítica artista contra los elementos opresivos, moralistas y burocráticos del capitalismo de bienestar, a la vez que de las banderas de un cambio cultural orientado a la liberación y a la vida “autentica” (movimientos feministas, homosexuales, antinucleares y ecologistas), también se benefició e incorporó la crítica a las jerarquías de ese tipo de capitalismo, desarrolladas por sindicatos progresistas, y asimiló, a través de los departamentos de Investigación y Desarrollo del mundo empresarial, las investigaciones realizadas por sociólogos próximos al movimiento autogestionario sobre los funcionamientos del trabajo colectivo en diferentes experiencias basadas en la autogestión como los kibutz israelíes, las comunas chinas y las empresas autogestionadas del socialismo yugoslavo.
[v] Una clase profesional que se ha hecho un lugar acomodado en el escalafón socioeconómico, cuadros intermedios que median entre la patronal y los sectores de poca calificación, una fracción de trabajadores sindicalizados que gozan de una mayor protección frente a sectores que se dividen en precarizados y los que trabajan en la economía informal ingeniándoselas para subsistir.