viernes, 8 de diciembre de 2017

10 tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera es un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria. 

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar. 

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada. Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío. 

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo. 

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo”, que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

viernes, 1 de diciembre de 2017

La otra historia del narcotráfico (I)

A propósito de un artículo publicado en la edición nacional de La Jornada (“La verdadera historia del narcotráfico”: http://bit.ly/2k9eZvc), cuyo empeño es a todas luces meritorio justamente porque da cuenta de una intencionalidad por resignificar una historia que en México tiene una actualidad determinante y atroz, juzgué oportuno adherir esa iniciativa de reinterpretación histórica e historiográfica, aportando algunas reflexiones e hipótesis sobre el tema. 

1. Para la reconstrucción de una otra historia del narcotráfico en México, la primera condición es distinguir entre “drogas” y “narcotráfico”. “Droga” es una sustancia psicoactiva utilizada con fines terapéuticos o lúdicos, legal o ilegal. Y “narcotráfico”, en su acepción más básica o general, es un campo de prácticas ilegales que involucra a una multiplicidad de actores institucionales y/o criminales, y cuyo corazón no es la droga (aún cuando tiene una relación tangencial), sino la gobernabilidad (interacción entre el Estado y actores no estatales; construcción del orden social) y los mercados (arena en la que discurren las transacciones de procesos-bienes-servicios y la apropiación de plusvalías). Ergo, la causa decisiva de la situación delincuencial (narcotráfico) es la situación económico-política. La historia que recoge la bibliografía especializada es la historia de la droga, no la del narcotráfico. 

2. Porque aun cuando aquellos trabajos históricos documenten la emergencia de organizaciones criminales dedicadas al negocio de la droga, el problema radica en que a menudo presentan a la propia droga o a los “barones de la droga” (capos) como el factor determinante del narcotráfico. La omisión o inadecuada jerarquización de la “multiplicidad de actores” que intervienen en el narcotráfico se tradujo en una fetichización de este objeto de análisis, en la que los actores de reparto (capos de la droga) reciben tratamiento de protagonistas (frecuentemente homenajeados sin ningún rubor). Hasta un análisis epidérmico permite advertir que no existe un sólo capítulo de esa historia que no esté atravesado determinantemente por la acción del Estado, y que, en la actualidad, es difícil identificar una sola institución de Estado que no esté operativamente articulada al narcotráfico. En este sentido, es posible señalar que en el México posrevolucionario y hasta nuestra época, la tendencia prevaleciente ha sido el engarce de instancias institucionales con el narcotráfico. Por la presencia crucial de los actores institucionales en la maquinación delincuencial de los cárteles de la droga, y por la persistencia de ilegalismos tan estrechamente acoplados a la institucionalidad, una otra historia del narcotráfico debe situar en el centro del análisis a los actores institucionales que habitan en las estructuras formales, y no a los irrelevantes capo di tutti capi que no son más que empleados de los centros de autoridad y poder institucionalizados. 

3. La mayoría de los trabajos históricos coinciden en señalar que un aspecto toral en la proliferación del narcotráfico en México es la relación de los actores criminales con “algunas fracciones de la clase política”. Pero tal premisa, si bien es imposible refutar, es insuficiente y engañosa. Que existen figuras políticas envueltas en el narcotráfico es una obviedad (por cierto, ampliamente documentada). La pregunta que debe responder un trabajo histórico genuino no es solamente qué actores o factores intervienen, sino también, y acaso fundamentalmente, cómo intervienen esos actores o factores. Porque la clave radica en jerarquizar la evidencia y la información, y descubrir el proceso real del narcotráfico, y no sólo identificar a “ciertos políticos corruptos”. Esa descripción que hacen no pocos autores acerca de la relación –casi accidental, según esos relatos– entre “algunos” políticos y los jefes de la droga es la pura envoltura mística. Hasta ahora nadie escribió una historia del narcotráfico.


domingo, 5 de noviembre de 2017

Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima

¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? 

Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció. 

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP). 

Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año. 

Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente, e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil. 

Por cierto que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23). 

A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada. 

La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley. 

De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente): 

1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada 

2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada 

3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo 

4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos 

5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses 

6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas 

7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC). 

Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.


domingo, 22 de octubre de 2017

México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

Llama la atención que en los prolegómenos de la elección de 2018 el “lopezobradorismo” consideré un enemigo (en el más disparatado de los casos) o una farsa (en el más “cordial” de los casos), a la candidatura indígena que impulsan conjuntamente el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Escandaliza que una fuerza política que ha sido injustamente satanizada hasta el hastío, emule esa misma arbitrariedad para atacar a un movimiento social que ha sido el máximo referente de la lucha política autonómica en México y el mundo. Es cierto que la relación del “lopezobradorismo” con el zapatismo tiene una historia de desencuentros. Pero elevar estos desencuentros a rango de agenda de campaña –como han hecho algunas fracciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– es acaso tan tóxico para la política del país como las coaliciones que desde la partidocracia se conciertan para obstruir la añorada democratización del poder público. 

La pura idea (a todas luces falsaria) de que el zapatismo es responsable de las derrotas electorales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atenta contra el propio andamiaje discursivo del “lopezobradorismo”, cuya principal divisa es que la fuente de los males nacionales es la “captura” de las instituciones por “la mafia en el poder”. Esa misma “mafia” que, por cierto, persigue a sangre y fuego a las comunidades indígenas, especialmente las que habitan en los territorios autónomos de Chiapas. 

Por añadidura, todos en México saben que AMLO ganó dos elecciones presidenciales consecutivas, y que las fracciones dominantes de la élite política acudieron a la manipulación del cómputo y la compra de votos para alterar a su favor los comicios. E incluso los adherentes del zapatismo han denunciado sistemáticamente esos fraudes. 

En este sentido, el rencor que se aloja en las descalificaciones que enarbola el “lopezobradorismo” contra la candidatura indígena responde, a nuestro juicio, a dos razones: uno, a los dolorosos e injustos descalabros electorales del pasado, que produjeron un profundo traumatismo en la militancia lopezobradorista (y en el electorado en general); y dos, a un ardid inoculado desde el “estado profundo” para rivalizar a la oposición política en el país, e infectar la conciencia nacional con la fórmula acostumbrada del Partido Revolucionario Institucional (PRI): el divisionismo. Duele observar que esos mexicanos con los que alguna vez compartimos el dolor de la “insoportable persistencia del fraude” hoy se enfrasquen en una reyerta estúpida con nuestros hermanos indígenas, presuntamente porque ellos –los indígenas zapatistas– representan “una maniobra para hacerle el juego al gobierno” (dixit). Qué ignorancia supina. No se dan cuenta que ellos sí le “hacen el juego al PRI” al apuntar su arsenal de “críticas” contra ese actor –el zapatismo– que ha sido un agente de transformación de conciencias, y acaso el más efectivo antídoto contra el “priísta” que todos llevan dentro. 

Y lo que es peor aún, ni por un criterio llanamente estratégico desisten de atacar a la candidatura indígena. Si la militancia de Morena tuviera un poco más de sagacidad e inteligencia, aplaudiría la incorporación del zapatismo a la tribuna electoral, porque eso significaría un corrimiento a la izquierda de eso que llaman la “posición consensual” o “justo medio” (centrismo). La más primaria de las teorías políticas previene acerca de esa intrínseca tendencia hacia el centrismo que registran los sistemas de partidos. Y es claro que una irrupción del zapatismo en la arena electoral contribuiría a desplazar el “centro” hacia la izquierda, naturalmente en beneficio de la opción electoral de “centro-izquierda” –es decir, Morena–. Pero ni eso alcanzan a discernir en las filas del “lopezobradorismo”. 

Prefieren –las huestes de Morena– continuar ceñidos al guion de la descalificación. En un arrebato de estulticia mayúscula, algunos han dicho que la candidatura indígena es fruto de la “moda” (¡sic!). Sin reparar mucho en esta miserable provocación, cabe tan sólo recordar que en nuestra época la “moda” más extendida es la “opiniomanía” o “comentocracia”, es decir, la usanza de enunciar chapucerías sin ningún reparo ni rendición de cuenta, y no por eso se le pide a la gente que deje de hablar. Decir que algo está “a la moda” sólo por desautorizar al adversario, es igual de canalla que usar el vocablo “populismo” para desestimar a un rival político incómodo. Y el “lopezobradorismo” sabe de esto. 

Nietzsche advirtió: “Aquel que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo en el proceso. Y si te quedas contemplando un abismo el tiempo suficiente, el abismo contemplará tu interior”. 

Cuidado Morena.


Leer también:


I. México 2018 [I]: la izquierda se levanta

II. México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

viernes, 13 de octubre de 2017

México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

El mundo está atento al acontecer político de México. Las elecciones presidenciales de 2018 presentan elementos inéditos. En el renglón cultural, México está en una situación de desgarramiento sin parangón: por un lado, una antimexicanidad inoculada desde la vecindad del norte (el gobierno en turno de Estados Unidos), y por otro, una resignificación de la mexicanidad impulsada desde el sur nacional (las comunidades indígenas nucleadas en Chiapas). En el renglón político, la rasgadura no es menos insondable: por un lado, el priísmo colonial, y por otro, el zapatismo decolonial, llegan a la elección de 2018 en su estado más maduro. Estas contradicciones agravadas hacen necesario redoblar los esfuerzos de análisis y participación. 

En otros países, los analistas de la política acostumbran decir que la situación de México es singular; que, si bien es cierto que las estadísticas en materia de derechos humanos reportan una crisis humanitaria, la singularidad del caso (notoriamente en contraste con las dictaduras militares en otras regiones de Latinoamérica), radica en que este orden de terror discurre en “democracia”. En este espacio, no obstante, hemos insistido que la trillada distinción entre democracia y dictadura es una pura formalidad; que las “democracias realmente existentes” encierran altos contenidos de totalitarismo; y que, en México, la singularidad –a menudo obviada– es que el narcotráfico es clase gobernante, que es una modalidad de gobierno que emula fórmulas “no convencionales” –tributarias de las juntas militares– en el ejercicio del poder público (militarismo; terrorismo de Estado; organización criminal de la política etc.). México es una dictadura delincuencial. Y ningún observador decente puede objetar seriamente este hecho. 

La comandancia en jefe de este orden político es el Partido Revolucionario Institucional. Y el PRI comprende a la partidocracia en su conjunto, incluido el ejército de aspirantes presidenciales (hasta ahora suman más de 30) que han solicitado registro como candidatos “independientes” (agréguesele una treintena de comillas) ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En la oferta que perfilan las elecciones de 2018, figuran dos excepciones a la dictadura delincuencial: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que es una propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

El eje toral de la estrategia del PRI, en las vísperas de la elección federal de 2018, es la atomización del voto opositor. Y, para el PRI, la oposición es básicamente Morena. En relación con el CIG, representado por María de Jesús Patricio Martínez, el PRI no tiene una estrategia de “contención” electoral de gran calado, acaso porque no cuenta con instrumentos efectivos para escamotear esa candidatura y porque, en el frío cálculo de la política llanamente electoralista, el CIG no representa un adversario serio. 

El principal temor del PRI es el ascenso de Morena –que acá hemos dicho que se trata un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista–. Y tiene miedo de Morena por una cuestión de factibilidad: en los conciliábulos del PRI están conscientes de la capacidad de arrastre de Andrés Manuel López Obrador. La maquinaria electoral del PRI ya perdió dos elecciones presidenciales frente a AMLO, y tuvo que acudir al fraude y la compra masiva de votos. 

La fórmula electoral del PRI para 2018 tiene tres pasos: uno, la fragmentación del voto con base en las candidaturas independientes; dos, la compra de voluntades –ciudadanos, políticos, árbitros electorales– con base en la inyección de altísimos volúmenes de dinero ilícito a la campaña; y tres; la desautorización del principal adversario político (Morena) con base en el socorrido estribillo del “populismo”. 

Y, por abajo y a la izquierda de esta grotesca escenificación de la “alternancia democrática”, irrumpe con una fuerza moral incorruptible, la única opción política firmemente alternativa e independiente: el Concejo Indígena de Gobierno, que, por cierto, anunció recientemente que no aceptará financiamiento público del INE, y cuya historia registra fehacientemente la construcción de una opción política por fuera de ese “sistema de partidos” y el “sistema del dinero” que prohíjan las castas que gobiernan el país. 

La candidatura indígena es el “caballo negro” de la elección 2018. Pero en el “deep state” mexicano (PRI) ni siquiera los sospechan.

2. El suicidio de los partidos políticos o el agotamiento de un paradigma político. Reflexión acerca de las contingencias electorales de 2018

viernes, 6 de octubre de 2017

La receta electoral en 2018: fragmentación, financiamiento y fraude

A punto de expirar el plazo para el registro de aspirantes a candidatos independientes para la presidencia de la república, no queda mas que realizar un breve ejercicio de prospectiva sobre los escenarios que configurarán el proceso electoral en 2018. Claramente se pueden observar tres tendencias que sin duda  influirán en los resultados del próximo año  y también en el aceleramiento de la descomposición del sistema político. 

Precisamente con el registro de los suspirantes a las candidaturas independientes se inicia la carrera presidencial. Colocadas en el  tapete electoral desde hace más de una  década por el conocido especialista en enchiladas  fallidas, Jorge  Castañeda y presentadas a la  ciudadanía como la  solución para acabar con el monopolio partidista de las  candidaturas, hoy juegan un  papel inverso al sugerido por  las  buenas conciencias de la política nacional. Mas allá de la pobre oferta política que pueden ofrecer individuos como Pedro Ferriz de Con, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter o el damnificado Miguel Mancera, sus posibilidades de triunfo son  nulas; esto, claro, si logran las firmas necesarias, así como  los recursos necesarios para pagar la campaña. 

Hay que subrayar que la figura de independiente trasciende a las candidaturas fuera de los partidos; estos últimos, en su afán por combatir su enorme desprestigio, también están buscando utilizar dicha figura para presentarse con un nuevo disfraz que los haga potables a los votantes. Véase  por ejemplo al Frente Ciudadano por México, que integra por el momento al PAN, PRD y MC, el cual pretende utilizar la etiqueta para presentar un candidato sin aparente filiación  partidista.  Por su parte, el PRI ha desactivado  los candados que lo  obligaban a seleccionar a un militante probado para la candidatura presidencial, dejando la puerta abierta para la llegada de José Antonio Meade o Aurelio Nuño -comodines con supuesta independencia del partido del presidente pero no de los poderes fácticos y las corporaciones internacionales- lo que los colocaría en una mejor posición para ganar la elección o al menos engañar a los incautos. Sobra decir que las cacareadas candidaturas independientes, ya sean dentro o fuera de los partidos están atadas a los intereses del dinero y mas bien son independientes de la ciudadanía. Su finalidad parece más bien apuntar a la fragmentación del voto opositor al PRI. La reciente elección en el Estado de México, con el esquirol Juan Zepeda en acción, es una clara muestra de lo anterior.

La fragmentación del voto surge así como otra táctica electoral adecuada para hacer ganar a un  partido que a lo largo de las tres últimas décadas ha perdido votos sistemáticamente en en todas las regiones del país. Junto con las alianzas con la chiquillada partidista, como el PVEM, PANAL y demás engendros caciquiles, el  PRI ha podido mantener su presencia electoral y contrarrestar relativamente su debilidad frente al electorado. En este sentido contar con  nueve o  diez candidatos a la presidencia, sean ‘independientes’ o partidistas puede darle el triunfo  al PRI en un escenario en donde la diferencia entre el primero y el segundo sea de menos de tres puntos porcentuales. La fragmentación del voto es en buena medida el motor de las candidaturas independientes, lo que además las coloca en  inmejorable posición para celebrar alianzas de facto con quien les ofrezca puestos y canonjías. Asimismo, la gritería de una decena de candidatos dirigida contra el opositor moreno puede ser muy útil para  distraer al elector y manipularlo a discreción con la ayuda de los medios de comunicación, siempre dispuestos a mentir y difamar sin rubor alguno.

Y si todo lo anterior no fuese suficiente para coronar al candidato de la continuidad, siempre estará a la mano la joya de la corona del sistema político mexicano en su fase electoral: el fraude. Porque al final todo cuenta pero es el fraude la táctica preferida, la que genera  más confianza entre la fauna partidista, la que prácticamente garantiza el triunfo de un partido decrépito y corrupto hasta la médula. El triunfo del PRI en el Estado de  México  demostró sin tapujos que las elecciones se ganan con dinero, limpio  o sucio, lo que trae a cuento la intención del PRI de acabar con el financiamiento público que le daría una ventaja clave al ser el que cuenta con el presupuesto federal y el de los estados que gobierna, así como de cárteles de empresarios, legales e ilegales. Esto sin mencionar su tradición mapacheril, ganada a pulso a los largo de muchos años,  sostenida con cuadros políticos expertos, especializados y probados por generaciones en las no tan sutiles artes de comprar y manipular al elector. El ensayo general realizado en el  estado de México es solo una muestra de lo que seguramente caracterizará al proceso electoral de 2018: la compra de votos, la manipulación de las actas electorales, la quema de urnas o las balaceras intimidatorias. Todo lo anterior con la colaboración, velada o no, de los órganos electorales quienes una y otra vez han demostrado que por encima de su misión de promover los valores democráticos está la de ser el sostén de la impunidad y la simulación en aras de proteger  al régimen y sus beneficiarios, cueste lo que cueste.

En pocas palabras, la escenario electoral se moverá en un contexto de polarización política (Todos contra MORENA) utilizando la fragmentación del voto, los oscuros caminos del financiamiento y el omnipresente y todopoderoso fraude electoral. Lo de menos será la discusión de proyectos e ideas para acabar con la realidad que nos oprime, el diálogo entre   sectores sociales y el sistema político, confirmando así que la solución está en otro lado y no una contienda perversa, costosa y manipuladora. 

viernes, 29 de septiembre de 2017

3 preguntas clave a 36 meses sin los 43

La noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un escuadrón compuesto por elementos de la policía municipal, estatal y federal, y personal de las fuerzas armadas. El saldo del atentado fue de seis muertos, entre ellos tres normalistas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. A tres años (36 meses) de la masacre y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los 130 detenidos (presuntos perpetradores) ha recibido una sentencia condenatoria. El crimen continúa impune. Y el destino final de los 43 es un enigma… O un secreto de Estado. 

1. ¿Dónde están los 43 normalistas? 

La población civil en México desconoce el paradero de los 43 normalistas. De acuerdo con peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría General de la República, hasta ahora sólo se ha confirmado el hallazgo de los restos óseos de un estudiante: Alexander Mora. De los otros normalistas no se tiene ninguna información. 

Desde un principio, el gobierno federal trató de desactivar las líneas de investigación –recomendadas por instancias internacionales– que comprometían a las propias autoridades cívico-militares, e intentó cerrar el caso en varias oportunidades. Y, de hecho, las instituciones de justica en México dieron por resuelto el caso. Si la búsqueda de los normalistas sigue en curso es gracias a los Padres de Familia de los 43 y al Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa que habilitó ex profeso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Este empecinado boicot a la investigación por parte de las autoridades en México apuntala una conjetura generalizada. 

El ex-general mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, asegura que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conocen el paradero de los estudiantes: “Enrique Peña Nieto sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa” (http://bit.ly/2edomXp). 

Don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, comparte la sospecha del exgeneral: “Ellos (el gobierno), son los responsables de la desaparición de los estudiantes […] ellos saben, porque participaron, la Marina, los judiciales, los municipales de Iguala, y que fue por mandato de Enrique Peña Nieto. No tengo miedo a nada, si me van a matar un día aquí me encuentran; yo no ando resguardado como los políticos” (http://bit.ly/2yF0Ad9). 

El padre y activista por los derechos humanos, Alejandro Solalinde (una de las figuras más destacadas de la lucha social en México) refuerza esta hipótesis: “Sin duda alguna, puedo decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto supo y sabe perfectamente bien lo que pasó aquella noche y madrugada con los jóvenes de Ayotzinapa, él sabe y conoce el paradero de los 43 estudiantes” (http://bit.ly/2xJ7T5y). 

Realmente, la única posibilidad de conocer la respuesta a la pregunta de “dónde están” es un eventual rompimiento del pacto de silencio y los cotos de impunidad que sostienen a todo el andamiaje institucional y la estructura de poder en México. 

2. ¿En que situación se encuentra la investigación? 

Existen básicamente dos investigaciones: la oficial y la extraoficial. La oficial es eso que llaman la “verdad histórica” y que no tiene ningún asidero empírico o validez jurídica. La extraoficial está basada en peritajes científicos, visitadurías de organismos internacionales, investigaciones documentales, y trabajos periodísticos de confiabilidad probada. 

La “verdad histórica” –que urdieron el exprocurador general Jesús Murillo Karam, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– es el relato que fabricó el gobierno para ocultar lo que realmente pasó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que esta versión fue construida con base en la siembra de evidencia falsa y confesiones obtenidas mediante tortura. 

De acuerdo con tal versión, que no es sino una “mentira histórica”, la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala entregaron a los 43 normalistas a un grupo de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos –un cártel de la droga presuntamente dirigido por la esposa del exalcalde José Luis Abarca–, quienes los habrían llevado al basurero del municipio de Cocula, donde los calcinarían –a los 43– en una hoguera. El colofón de esta desprolija e inverosímil historia es que los fragmentos de los normalistas fueron depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan; y que, supuestamente, esto explica que los restos desaparecieran sin dejar rastro alguno. 

Con base en investigaciones difundidas por instancias que no responden al comando del gobierno (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajos enciclopédicos de periodismo de investigación), hoy sabemos que en los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala participaron agentes de la policía estatal y federal (mando único policial), elementos del escuadrón del 27 Batallón de Infantería, jefes militares (capitán José Martínez Crespo; subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa), y el Centro de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo, llamado C4, que es una base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que informa en tiempo real sobre cualquier incidente relativo a la seguridad. Esa noche, todas las oficinas de altos funcionarios en materia de seguridad siguieron con atención la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. 

No obstante, ninguno de los 130 presos acusados de participar en los hechos (por cierto, todos policías municipales y albañiles que arrestaron extrajudicialmente), está condenado por desaparición forzada. Y ningún funcionario de mediano o alto rango está bajo investigación, aun cuando la propia Procuraduría General de República reconoció que agentes de esa dependencia y personal de la Marina recurrieron sistemáticamente al método de la tortura para conseguir declaraciones a modo. 

Por añadidura, los múltiples peritajes científicos que fueron efectuados en la escena del crimen confirman fehacientemente la insostenibilidad de la “verdad histórica”. Sin embargo, una vez instalada por la fuerza del terror y la manipulación, el gobierno no renunciaría jamás a esa versión de los hechos, a pesar de las nutridas pruebas que refutan categóricamente el relato oficialista. 

3. ¿Qué significa el caso de Ayotzinapa para México? 

 Acaso junto con el reciente terremoto, Ayotzinapa es un recordatorio de que México es un país dirigido por una clase gobernante criminalmente omisa o diligente, según el caso en cuestión. La inacción dolosa de la autoridad tras los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, y la acción homicida de esa autoridad en las masacres estudiantiles de 1968 (Tlatelolco) y 2014 (Ayotzinapa), es un indicador lapidario de que la estructura de poder en México, a pesar de las transformaciones y reingenierías, conserva su contenido fundamental: la necropolítica, es decir, la facultad gubernativa de matar y dejar morir. 

Con las reformas estructurales (económicas y de Estado), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconfiguró las formas de dominación, pero dejó intocados los contenidos profundos. Si la Masacre de Tlatelolco es la “fracción singular” que contiene la “imagen de conjunto” del PRI-nacionalista, la Masacre de Iguala y la Desaparición Forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa es la condensación del PRI-neoliberal. 

Ayotzinapa es la suma de todos los males, y acaso la confesión involuntaria de nuestro endémico fracaso nacional. Es el colofón obligado de la fórmula guerra-militarismo-narcotráfico sostenida por décadas como única forma de gobierno. Porque en esa fórmula se incuba la posibilidad de alcanzar el objetivo añorado por las castas dominantes en México: a saber, la opacidad absoluta en el ejercicio del poder. 

Pero Ayotzinapa también es la suma de toda la esperanza; la autoafirmación de nuestras posibilidades de éxito nacional. Omar García, normalista sobreviviente, repara sobre una conquista que apenas ahora comienza a recibir la atención que amerita. Dice él: “[A diferencia de los familiares de otros desaparecidos]… las familias de Ayotzinapa tuvieron suerte de que sus hijos fueran estudiantes de una escuela organizada […] De haber sido familias aisladas, que no hubieran tenido un lugar donde concentrarse, un lugar donde alimentarse, y tener un techo donde dormir, autobuses a disposición que generan los estudiantes, seguramente los habrían destrozado desde el principio, que es lo que han hecho con otras familias. Porque el resto de familias asiladas no tienen la posibilidad de tener un centro, una retaguardia, desde donde organizarse” (http://bit.ly/2wUkOm1). 

Ayotzinapa instala la obligatoriedad de reflexionar exhaustivamente, y de modo totalizador, la realidad política y la historia de nuestro país. 

Alguien en algún lugar escribió: “Vivimos en un régimen barbárico. Ayotzinapa nos despertó”. Y gracias a ese despertar, hoy es posible decir, junto con los Padres de Familia de los 43, algo que hasta hace poco era indecible en el espacio público: “El gobierno es nuestro enemigo. Fue el Estado”.

I. Ayotzinapa o la banalidad de la violencia. La urgencia de pensar la resistencia

II. Las dos agendas en torno a Ayotzinapa: la población civil contra el Estado

III. De por qué el Estado es responsable de los crímenes en Guerrero: una aproximación teórica

IV. ¿Qué significa Ayotzinapa para Guerrero, México y América?

V. Ayotzinapa en Estados Unidos

VI. Impunidad en caso Ayotzinapa: el Estado al servicio del crimen

VII. Ayotzinapa y el fin del narcoestado

VIII. Ayotzinapa: última llamada

IX. A 24 meses sin los 43: Bitácora de la visita de Cristina Bautista a la Argentina

miércoles, 20 de septiembre de 2017

El referéndum en Cataluña y la monarquía española


Cuando se afirma que el estado liberal se encuentra en su etapa terminal no se pretende convertir los deseos en realidades sino en analizar los acontecimientos políticos partiendo precisamente de dicha hipótesis. Sólo así es posible calibrar en su justa dimensión lo que sucede el reino de España y las consecuencias posibles de un triunfo del independentismo catalán. La envenenada transición política de los años setenta en España a llegado a su límite y que los catalanes la impugnen promoviendo la independencia, vuelve a colocar en el centro de la discusión el agotamiento de una monarquía constitucional que ha sido claramente la continuación del franquismo, su existencia por otros medios.

La dictadura de Franco no resolvió nada y peor aun, sumió en una larga noche a España y a Europa. Sólo aplazó la tendencia republicana de un pueblo que claramente ha desde los años veinte había rebasado los límites de una monarquía decrépita y abrazada con la iglesia católica y los terratenientes. Con su regreso, gracias a Franco y la ambición de Juan Carlos, se le quiso dotar de legitimidad imponiendo una constitución que sin tapujos modificó el régimen para que todo siguiera igual. Hoy por hoy esa constitución, y las instituciones que emanaron de ella, han demostrado su verdadero carácter oligárquico, despreciando las necesidades de una sociedad que ha recuperado su talante republicano y que ha rebasado por mucho el espíritu reaccionario de la constitución posfranquista.

El movimiento de los indignados del 15M demostró claramente que la monarquía constitucional no podía mas mantener el consenso y la legitimidad necesaria para seguir viva. Muchos se preguntaron cual había sido la contribución del movimiento a la política en España; bueno, ahora lo tenemos a la vista, aunque no se puede pasar por alto tampoco a Podemos, que puso en evidencia el debilitamiento de un sistema de partidos corrupto y profundamente conservador. Pero el hilo siempre se rompe por lo más delgado: las aspiraciones independentistas que se expresaron claramente en el país vasco -en tiempos de Franco y luego con la monarquía constitucional- fueron cobrando fuerza en una región que sufrió mucho la derrota de la república en 1936, que fue duramente castigada por ser pieza clave en la guerra civil para la defensa de los valores republicanos. Hay que recordar que el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana unas horas antes de la constitución de la II República. Mas allá de la masacre que se desató como consecuencia de la derrota republicana, el agravio a los catalanes se amplió al ilegalizar su lengua y anatemizar cualquier expresión cultural y política que reivindicara el derecho de la población a mantener su espíritu vivo. 
 
Los actores políticos involucrados son, por un lado los partidos políticos que han lucrado ampliamente con los privilegios obtenidos a cambio de su respeto a la monarquía y a la iglesia católica. El Partido Popular y el PSOE no pueden menos que condenar las aspiraciones independentistas de Cataluña pues los colocaría en una situación de ruptura que a todas luces no les favorece. Los acompaña por supuesto la monarquía y todos lo terratenientes que con títulos nobiliarios siguen imponiendo sus caprichos en las grandes extensiones de tierra que poseen gracias a su apoyo al rey. No es una casualidad que sean los grupos más favorecidos con la transición político de los setentas los que se rasguen las vestiduras ante la celebración del referéndum catalán: las consecuencias serían imprevisibles para el mantenimiento de sus privilegios.

Por otro lado están la Candidatura de Unidad Popular (CPU) , en la que se apoya la coalición Junts pel Si que encabeza la organización del referéndum, tiene un discurso que evidentemente pone en la picota a los beneficiarios del franquismo monárquico. En un manifiesto firmado por la CUP se puede leer lo siguiente: “Barramos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía: autodeterminémonos, desobedezcamos leyes injustas para construir una república libre, solidaria, independiente y socialista” Y a pesar de ser una fuerza política legal en Cataluña, con representantes electos, Rajoy se ha referido a ellos diciendo que son “la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años” 
 
La reacción de los opositores al referéndum ha echado mano de todo el poder del Estado para detenerlo: desde anatemas del Tribunal Constitucional hasta registros efectuados por la Guardia Civil de cuatro departamentos de la Generalitat, detenciones y confiscación de material gráfico que promueve el referéndum. La desesperación parece cundir entre Rajoy y sus socios que no pueden menos que tratar por todos los medios de impedirlo. No defienden al pueblo que dicen representar, defienden sus privilegios y los de la monarquía, que tanto los ha beneficiado. No sorprendería a nadie, tomando en cuenta lo que está en juego, que el Estado español impida el referéndum con la fuerza de las armas. Después de todo, el franquismo y su razón de ser siguen vivitos y coleando.

Mas allá de que se lleve a cabo y su resultado le dé vida al independentismo catalán -y porque no, al vasco y el de otras regiones de España- las cartas están echadas: la monarquía constitucional, continuadora del régimen franquista, está cada vez más debilitada y desprestigiada, mientras que el movimiento por la III República crece día con día. Es probable que la independencia de Cataluña, en caso de convertirse en una realidad, no resolverá todos los problemas que enfrentan los catalanes pero una cosa es aún más probable: el principio del fin de la monarquía franquista, como manifestación clara de la crisis terminal que experimenta el estado liberal en España y el mundo.

viernes, 15 de septiembre de 2017

México 2018 [I]: la izquierda se levanta

México está al borde del colapso humano. Esta verdad inexorable prologa las elecciones federales de 2018. Y no es catastrofismo infundado: los indicadores de seguridad, justicia y derechos humanos dan cuenta de una tragedia humanitaria en curso: 200 mil homicidios en 10 años de guerra; 32 mil desaparecidos (organismos civiles estiman que la cifra asciende a 60 mil); 2 millones de personas desplazadas territorialmente por la violencia; 110 periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha; un repunte de 700% en materia de secuestros (ninguna familia en México se salva de este delito lacerante); feminicidios al alza (con especial virulencia en el Estado de México, actualmente base operativa de los poderes federales); pobreza galopante (55.3 millones de pobres, de acuerdo con el Coneval); y una militarización sin freno de la vida pública (las quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000 por ciento). Pero nadie en los circuitos de arriba parece estar intranquilo por esta calamidad o siquiera dispuesto a nombrarla. México es un holocausto sin relato ni reconocimiento oficial. Fuera de ese oficialismo resueltamente sordomudo, florecen, desde la izquierda –una de arriba y otra de abajo– dos fuerzas anti(extra)establishment: Movimiento de Regeneración Nacional y Concejo Indígena de Gobierno (propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional). 

La primera fuerza (Morena), apunta al cambio de régimen político por la vía electoral (temporalidad política de corto-mediano alcance). La segunda (CIG-CNI-EZLN), apunta al cambio civilizatorio (transformación radical del orden social) por la vía de la articulación-organización de base (temporalidad política de mediano-largo alcance). 

Morena es un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista. El CIG-CNI-EZLN es un movimiento social de amplio espectro, anticapitalista y decididamente autonomista. El propósito acá no es equipararlas. Nadie discute que se trate de izquierdas de signo diferente: una, de arriba-moderada (coyuntural); la otra, de abajo-radical (de largo aliento). A la segunda la acusan de no querer dialogar con la primera, o incluso de “colaborar” (sic) con las “fuerzas de la derecha”. Pero la historia constata que la responsabilidad del desencuentro recae en la otra parte. La izquierda electoral-institucionalista nunca quiso dialogar con la rebelión indígena anticapitalista, e incluso traicionó flagrantemente la posibilidad de un encuentro. En 1996, las principales fuerzas partidarias, incluida esa izquierda institucional (Partido de la Revolución Democrática, antecedente de Morena) establecieron las bases del ordenamiento político-electoral, en beneficio irrestricto de los partidos, y en detrimento de los Acuerdos de San Andrés (apertura y democratización del sistema político en su conjunto), suscritos por el EZLN y el gobierno federal. Acaso por eso los zapatistas han dicho que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador –signatario de ese arreglo partidocrático–, no es diferente del resto de los políticos. 

En esas coordenadas discurre la interferencia que impide el diálogo. La factibilidad de desalojar a la narco-derecha del poder e instalar “sosteniblemente” las agendas de “las izquierdas” en 2018 (esfuerzo absolutamente urgente, legítimo e inaplazable), estriba en la habilitación de un diálogo, aunque fuere sólo transitorio o coyuntural, entre las bases sociales que movilizan esas dos fuerzas. 

Esto de ninguna manera es un intento por dirimir, por orden de las teclas, una discusión entre dos propuestas políticas tan apartadas una de la otra, objetiva y subjetivamente. Pero sí es un esfuerzo por exhortar a un diálogo que involucre a la militancia de base de las izquierdas, que, afortunadamente, ya en algunos foros y espacios está teniendo lugar. La prioridad es que la izquierda se levante, apuntando a una tarea común: pensar-desarrollar colectivamente el anticuerpo. México es un organismo desprotegido, y a merced de las inercias políticas más adversas e infaustas. 

Ni Morena es exactamente igual a los otros partidos (todas las coaliciones partidarias en curso responden a una acción concertada de la derecha por frenar el lopezobradorismo), ni el CIG-CNI-EZLN aspira a escamotear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (la rebelión indígena ha sido radicalmente fiel al programa de resistencia; y es acaso el único actor social con autoridad moral irreprochable). La condición de posibilidad de un encuentro radica en admitir que las descalificaciones recíprocas contribuyen a fortalecer la continuidad en el poder de una derecha obscenamente criminal, y, por consiguiente, la hegemonía del PRI-Estado. 

Por definición, el poder es eso que gobierna, y que ha tenido capacidad de alcanzar hegemonía. En México gobierna el PRI-Estado, cuyos dominios gubernativos abarcan: 1) el sistema político en su conjunto, es decir, la totalidad de los partidos –tricolor, blanquiazul, amarrillo o verde; 2) la tradicional cultura política clientelista, corrupta e influyentista; 3) el ensamblaje estructural con el narcotráfico; 4) la anglofilia o adhesión ideológica a Estados Unidos por oposición a la identificación con Latinoamérica; 5) el neoliberalismo antinacional. 

El imperio del privilegio (criminal) en México descansa sobre esas columnas del PRI-Estado. 

Las izquierdas tienen básicamente dos asignaturas urgentes, una de corto plazo, otra de largo alcance: la primera, desarrollar el anticuerpo (anti-PRI) y derruir las bases del PRI-Estado; la segunda, reconstruir el tejido social y parir un orden social radicalmente “otro”. 

El diálogo de las izquierdas es en función de esas tareas comunes. 

Que en 2018 la izquierda (no unificada pero sí en diálogo) se levante.


viernes, 25 de agosto de 2017

3 tesis sobre el caso Narvarte y una lección escarmentada

El pasado 31 de julio se cumplieron dos años del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y en el que perdieron la vida Rubén Espinosa (periodista), Nadia Vera (activista estudiantil), Alejandra Negrete, Mile Viriginia Martin y Yesenia Quiroz. El artero crimen –que es uno de los episodios que toca las fibras más sensibles de la crisis nacional– permanece sin castigo. De hecho, en mayo del año en curso, jueces federales congelaron los procesos contra dos de los tres detenidos. Y las averiguaciones continúan envueltas en una bruma de omisiones e inacciones (como todos los otros centenares de crímenes de lesa humanidad que laceran al país). Las líneas de investigación que involucran la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia Vera en Veracruz siguen desatendidas. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reportó que la Procuraduría de Justicia de la capital “contaminó” la escena del crimen, e ilegalmente filtró información a la prensa que revictimizó-criminalizó a las víctimas del asesinato múltiple. Esto con el objeto de urdir un relato que desautorice el reclamo de justicia de los deudos, el gremio periodístico y el movimiento estudiantil. Antes de morir, Rubén y Nadia responsabilizaron públicamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (admirador confeso de Francisco Franco), por cualquier perjuicio que pudieran sufrir. Unos días antes de su asesinato, Rubén confesó: “Me molesta, me caga estar así, aislado, con miedo, no poder chambear a gusto, pero en Veracruz no se pueden echar en saco roto las intimidaciones, los acosos y la vulnerabilidad en la que periodistas ejercen el oficio” (Noé Zavaleta en “El Infierno de Javier Duarte”). Todas las evidencias del crimen apuntan al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa (capital de Veracruz). Y, sin embargo – o acaso por eso– todas las indagatorias desestiman la “línea Veracruz”. 

Con base en las evidencias disponibles, y las averiguaciones de organismos autónomos como Artículo 19, periodistas independientes, abogados de las víctimas, y algunos rumores palaciegos, es posible perfilar tres tesis acerca del multihomicidio. 

Primera tesis: venganza personal 

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y su secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, habían sido expuestos públicamente por el lente denunciatorio del fotoperiodista Rubén Espinosa. 

En más de una oportunidad, las imágenes en prensa de Javier Duarte, capturadas por Rubén Espinosa, retrataron a una persona obcecada por “la plenitud del pinche poder” (dixit Fidel Herrera Beltrán). El registro fotográfico de un Duarte colérico, con mirada inequívocamente homicida, es crédito de Rubén. Por ese goteo de información que los poderosos aborrecen, se hizo de conocimiento público el malestar que generó intramuros el lente de Rubén. Esas fotos circularon febrilmente en la prensa nacional e internacional. Y, en cierto sentido, la certidumbre pública acerca del talante criminoso de Javier Duarte es un mérito del trabajo de Espinosa. 

Por otro lado, Rubén Espinosa nunca titubeó cuando denunció ante la prensa que la fuente de acoso e intimidación que sufrían los periodistas-activistas en Veracruz era la secretaría de seguridad pública, dirigida por el “Mad Dog” tropical, Arturo Bermúdez Zurita, también conocido en los corrillos de la narcocracia como “Capitán Tormenta”. 

Esos “desaires” y señalamientos inflamaron el rencor vengativo y homicida de una casta gobernante que instauró en el estado un orden puramente delincuencial. 

Segunda tesis: miedo 

Documentar el infierno en Veracruz involucra pisar los talones del binomio crimen-institucionalidad. En esa entidad bañada en sangre, la delincuencia organizada de Estado arrolla a todo aquel que intenta interferir o denunciar el maridaje de la criminalidad y las instituciones. 

El 5 de junio de 2015, ocho alumnos de la Universidad Veracruzana fueron atacados brutalmente por un comando armado en la ciudad de Xalapa, y cuya acción emuló peligrosamente el modus operandi de la represión en Ayotzinapa (aunque sin desaparecidos). El asalto dejó algunos rostros desfigurados, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y un clima de horror. 

En México es imposible distinguir una acción criminal de una acción de gobierno. Y lo que ese grupo de estudiantes denunció antes del ataque fue justamente el creciente ensamblaje del estamento gobernante con los cárteles de la droga. “La neta, la neta, ustedes son los Zetas” (en referencia a la organización criminal cuya sede residencial-operativa es Veracruz). Esa consigna repicó en cada marcha que los estudiantes organizaron para reprochar el terrorismo criminal del gobierno de Javier Duarte y el sobreempoderamiento de sus allegados criminales. 

Rubén Espinosa documentó la agresión a los estudiantes. Y, convencido que “los agresores despechan en Palacio de Gobierno” (Alejandro Saldaña), dispuso investigar a fondo el caso. Esa osadía le costó el exilio. Rubén salió huyendo de Veracruz por el virulento asedio del gobierno duartista. Pero no desistió de seguir con la investigación del ataque sicarial contra los ocho jóvenes. Desde la Ciudad de México –otrora santuario de periodistas en destierro– solicitó ayuda a colegas veracruzanos para difundir un documento que escribió a cuenta personal, y cuyo contenido arrojaba pistas sobre la conexión de aquel escuadrón criminal con el gobierno del estado de Veracruz. 

El gobierno sabía de la tenacidad de Rubén Espinosa. Y temía que el fotorreportero desentrañara la verdad: que en Veracruz la institución duerme con el enemigo. En otras palabras, que la gobernabilidad en esa entidad está terminantemente fuera de la legalidad. 

El duartismo tenía miedo de Rubén, en particular, y de la denuncia social en general. Porque no hay gobierno que soporte la verdad que él y otros conocen: que la delincuencia (narcotráfico) es clase gobernante. 

Tercera tesis: represión ejemplar 

La articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano comenzó a tener un costo político para el Partido Revolucionario Institucional. En la elección federal de 2015, el 7 de junio de ese año –sólo dos días después de la atroz embestida a los estudiantes–, el partido oficialista perdió escaños tradicionalmente indisputados en el Congreso de la Unión; particularmente la diputación de la capital del estado. En esa ocasión fue electo Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional (oposición), como diputado federal por el Distrito electoral federal 10 de Veracruz con cabecera en Xalapa-Enríquez a la LXIII Legislatura, y tras derrotar a Reynaldo Escobar, fiel e histórico militante del PRI que desde distintos cargos coordinó la instalación de la delincuencia organizada en el estado. En 2016, el propio Cuitláhuac García disputó la gubernatura del estado. Y perdió por un margen minúsculo (en una elección fuertemente cuestionada por anomalías desentendidas por el árbitro electoral). Si el movimiento estudiantil hubiera seguido en pie, es posible especular que la oposición habría conquistado la gubernatura. 

El asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera en la colonia Narvarte de la Ciudad de México aconteció sólo dos meses después del primer gran descalabro electoral del PRI estatal (una entidad que “el partido” gobernó ininterrumpidamente por casi un siglo). Rubén y Nadia fueron figuras emblemáticas de esa “articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano”. Por eso sufrieron acoso sistemático. Y eso explica que decidieran salir huyendo de Veracruz. Pero la violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. Y fue de tal dimensión la desmoralización por el multihomicidio, que la protesta social agonizó en ese estado. Julián Ramírez alerta: “después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó”. La represión fue ejemplar. Escrupulosamente dirigida. El mensaje fue claro: no se tolerará ni un connato de crítica al orden criminal, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. 

Lección escarmentada 

A Rubén y Nadia les asistía la razón cuando advertían: “nos están aniquilando”. El Estado Mexicano nos está aniquilando.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Asesinan a tiros en Veracruz al periodista Cándido Ríos


El corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan Cándido Ríos Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del martes por un comando cuando se encontraba afuera de una tienda Oxxo situada en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Ríos Vázquez se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año y estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a que había recibido varias amenazas. 

Según reportes policiacos, Cándido Ríos estaba afuera del establecimiento comercial con el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría y el chofer de este mando policiaco, cuando varios sujetos usaron armas de alto poder en su contra. 

Jorge Morales Vázquez, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), condenó el homicidio e hizo un llamado enérgico para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia. 

Dijo que la CEAPP le brindaba asesoría legal al comunicador asesinado respecto de la denuncia presentada en 2012 ante la entonces Procuraduría General de Veracruz (número de investigación ACA/793/2012) por agresiones por parte de autoridades municipales de Hueyapan de Ocampo. 

Este es el segundo periodista asesinado en lo que va de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. El 19 de marzo fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera, en el municipio de Yanga, Veracruz. 

Los otros comunicadores asesinados en lo que va del año en el país son: Luciano Rivera, conductor de CNR Noticias, de Playas de Rosarito, Baja California; Salvador Adame, director de Canal 4Tv, de Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán; Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa; Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos; Maximino Rodríguez Palacios, del portal Colectivo Pericú, en Baja California Sur, y Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez.

viernes, 11 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar. 

Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis. 

Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos. 

Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco). 

Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento. 

Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc. 

En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999). 

Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato. 

En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza (ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado. 

Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad. 

En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala. 

La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.


1. ¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

2. ¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

3. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

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jueves, 3 de agosto de 2017

Crónica de una reelección anunciada en la UV

Con el proceso para elegir -privilegio de unos cuantos- al nuevo rector de la Universidad Veracruzana en su fase final, convendría recordar algunos acontecimientos que en la presente coyuntura podrían inclinar la balanza en favor de la reelección de Sara Ladrón de Guevara. Además de la tendencia a la reelección presente desde los años de Víctor Arredondo hay que considerar también la labor de la rectora para facilitar la llegada de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz quien, pesar de las promesas no cumplidas, parece seguir gozando del apoyo de la burocracia universitaria... a cambio de la reelección claro.

Porque lo que está en juego es el mantenimiento de la alta burocracia universitaria y no solamente de la rectora; la continuidad de un proyecto que sólo sirve a los mandarines y que se mantendrá para favorecer a unos cuantos en la dinámica de convertir lo que queda de la universidad de masas en universidad-empresa. Hay que recordar que dicho estamento universitario es producto de la corrupción y el sometimiento sin rubores al proyecto neoliberal y al gobierno estatal en turno para legalizar el despojo a través del manejo patrimonial del presupuesto, epicentro de los altos sueldos, privilegios de sátrapas pero sobre todo del control político de la comunidad universitaria para su beneficio. Sin éste último el despojo se vería comprometido.

Pero en realidad el capital político de la rectora es producto sobre todo de aquéllas manifestaciones convocadas primero por un grupo de universitarios y luego por la propia rectora, en pleno proceso electoral de 2016. En su momento se denunció en este espacio la manipulación descarada de la comunidad universitaria por parte de la rectora, en pleno proceso electoral y con un protagonismo rayano en el culto a la personalidad. Baste recordar sus amañados discursos en medio de las marchas, ocultando su verdadero objetivo: favorecer la campaña de Yunes Linares y su ataque al gobierno de Javier Duarte para fortalecer su capital político y eventualmente reelegirse, arropada en la supuesta defensa de la universidad. 
 
En primera instancia podría parecer lógico que frente al adeudo a la UV por parte del ejecutivo estatal, la rectora se distanciara de éste para apoyar a la oposición conservadora. El problema es que al hacerlo, su principal objetivo fue fortalecer su imagen política en detrimento de la autonomía universitaria y la defensa de la educación pública. Someter a la universidad a una alianza política bajo la mesa con la oposición de derecha sólo la favoreció a ella y su grupo; la promesa de pago del adeudo a la universidad se quedó en eso, en promesa hasta hoy. Era lógico suponer que ese dinero se había esfumado en los pasillos de la corrupción y el tráfico de influencias, aunque hoy las buenas conciencias se sorprendan; fue evidente que el quebranto financiero de la UV fue producto de una política de estado, desde los años de Alemán y Herrera para continuar con Duarte y Yunes Linares. La burocracia universitaria no fue víctima de semejante política sino cómplice, el saqueo de las finanzas universitarias fue la muestra clara del sometimiento de los mandarines al gobierno en turno. Luego, cuando las circunstancias cambiaron, decidieron dar el chaquetazo ante la eventual derrota del PRI en el estado.

Al ganar Yunes Linares la contienda por el gobierno del estado en 2016, empezaron a surgir otros hechos que fueron descubriendo el juego de la rectora y su grupo. Incluso antes de que terminara formalmente el sexenio duartista, Clementina Guerrero pasó, de dirigir las finanzas universitarias a las del estado de Veracruz. Días antes de la toma de posesión de Yunes, Clementina se convirtió en la mandona en la Secretaría de Finanzas. Asimismo, un grupo de mandarines encabezado por Francisco Monfort Guillén se encargaron de organizar foros para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y luego formar parte del gabinete yunista, como jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. No fue el único mandarín que se incorporó al gabinete; a Hilario Barcelata, integrante del grupo de académicos en Defensa de la Universidad, le concedieron la jefatura del Instituto de Pensiones, según algunos por ser un experto en dichos temas aunque más bien aparece como parte de los beneficios de la alianza entre la rectora y el candidato panista. Además, no podemos olvidar el escándalo por la expedición fast track del título universitario al secretario de gobierno, el perredista Rogelio Franco, para evitar la vergüenza de ser un alto funcionario estatal sin contar con un título profesional. En comparación con la llegada de Clementina Guerrero al gabinete yunista parece poca cosa pero sin duda refleja claramente la disposición de la rectoría para colaborar sin condiciones con el gobierno del estado, absorbiendo el costo político sin rubor alguno. 
 
Así las cosas, la rectora y sus sátrapas mantienen viva la farsa de que la alianza con el gobierno del estado será útil para la propia universidad, cuando los únicos beneficiados hasta ahora han sido ellos. La matrícula seguirá estancada, con o sin el pago del adeudo; el patrimonialismo de la academia hiper burocratizada seguirá controlando las facultades y escuelas de la UV para mantener sus privilegios y además el proyecto educativo neoliberal; el enorme gasto corriente seguirá creciendo en detrimento de las labores sustanciales de la universidad; la opacidad de facto y la corrupción seguirán siendo la marca de la casa. 
 
La mal llamada ‘autonomía financiera’ lograda en el congreso estatal sólo es una promesa más de un gobierno que no ha cumplido ni una sola de las que ofreció en la campaña: ni pago a proveedores, ni pago del adeudo a la UV, ni combate eficaz a la inseguridad que campea en el estado y un larguísimo etcétera que por cuestiones de espacio no podemos incluir aquí. El gobierno de Yunes Linares es la continuación de una política de estado que, entre otras cosas, seguirá promoviendo el fin de la universidad de masas para favorecer el proyecto de la universidad-empresa, siempre subordinada al cálculo político del ejecutivo estatal. Y para eso no cabe duda que cuenta con el apoyo incondicional de la rectora y su grupo, por lo que es bastante probable que la reelección se consume. Pero habrá que recordarle a Sarita que así como Yunes Linares no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña probablemente tampoco le cumpla a ella.