Una estrategia
utilizada sistemáticamente por las corporaciones internacionales para obtener
mayores ganancias al explotar recursos naturales es la externalización de los
costos de producción, violando las regulaciones ecológicas a cambio de pagar
multas. Les conviene más a las empresas pagar por contaminar que cumplir con
las normas legales orientadas a minimizar los riesgos ambientales producto de
sus procesos productivos. Al final las consecuencias de semejante argucia son
pagadas por todos –población, gobiernos, fauna, flora, etc- menos por las
empresas.
Lo anterior
resulta pertinente para comprender la estrategia de comunicación que el partido
Verde Ecologista de México (PVEM), el cual sin el menor recato ha violado una y
otra vez la normatividad electoral aparentemente con excelentes resultados, al
grado de que hoy por hoy compite por ser la tercera fuerza electoral en México.
En las elecciones del 2012 demostró su valía al apoyar al PRI en las elecciones
-aunque anteriormente fue aliado del PAN- y en estas elecciones compite para
darle la mayoría simple en el Congreso de la Unión al otrora partido de la
revolución.
En las últimas
semanas, el PVEM se ha distinguido por demostrar su desprecio por la
normatividad electoral al percatarse de que le sale más barato pagar las multas
que acatar la ley. Protegido desde Los Pinos, el partido familiar por
excelencia de la política mexicana (sólo ha tenido dos presidentes, Jorge
González Torres y su hijo Jorge Emilio, mejor conocido como el niño muerde ¿o
verde?) el también llamado partido de las cuatro mentiras puede ufanarse de
innovar en el fraude electoral de nuestro país gracias a la externalización del
costo político que implica el fraude sistemático en el proceso electoral en
curso.
Inspirado en la
máxima que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, el PVEM ha
desarrollado un estrategia de comunicación política basada en la mentira –lo cual
no es nuevo- pero sobre difundiendo su propaganda electoral antes del inicio
formal de las campañas, lo que le permite llegar al electorado sin enfrentar
casi competencia y ampliando así su capacidad de impacto en la ciudadanía. Digo
casi porque el PRI con la entrega de televisiones con el lema de Peña Nieto,
Mover a México, también se adelantó a los tiempos electorales, aunque eso sí,
sin pagar multas.
Además de recibir
la ayuda de los representantes partidistas afines al partido tricolor ante el
INE para salirse con la suya, el PVEM cuenta también con el apoyo del duopolio
televisivo, el cual se ha convertido en cómplice del fraude electoral (¡Qué novedad!),
al albergar en sus medios de comunicación, sobre todo en revistas y periódicos,
la propaganda ilegal cobrando tarifas preferenciales y haciendo caso omiso de
las débiles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero al final, es
éste último el que con su relativa indiferencia, cobrando multas que no hacen
mella en el ‘espíritu democrático’ del verde pero sobre todo negándose a
aceptar que el proceso electoral ha sido alterado por la propaganda adelantada,
es el responsable principal. En sentido estricto, el INE debería proceder a
retirar el registro del PVEM ante la violación reiterada de las leyes
electorales y, por si fuera poco, al desafío público, sin ambages, que los
representantes de dicho partido han dirigido al sistema electoral, mofándose de
las multas aunque sin dejar de apelar ante los tribunales electorales para
bajar el monto.
¿Quién o quiénes
serán víctimas de la externalización del
costo político producto de la impunidad y la violación sistemática de la ley
por parte del PVEM? En primer lugar en el INE, que le llueve sobre mojado pues
al reto que representa, en términos de legitimidad, la sobrecarga de atribuciones
producto de la reciente reforma político-electoral, habrá que sumarle su
incapacidad o falta de voluntad política para hacerse respetar por los partidos
políticos (¡Otra novedad!). El ciudadano promedio podría pensar que, ante el
desafío del PVEM a la ley, la culpa no sería del partido sino de la autoridad
competente, la cual no parece percatarse
del daño que dicha estrategia impone al ya de por si desprestigiado proceso
electoral y a las instituciones que lo regulan. A lo anterior habrá que sumar
la profundización del desencanto de los habitantes de este país por la
democracia liberal, tan alabada hace menos de dos décadas. Y éste último no es
un costo menor. Es por eso, y por otras razones tal vez de mayor peso, que hoy
la discusión no es por cual partido votar sino si vale la pena votar. Pero de
eso nos encargaremos en la siguiente entrega.
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