Tras ser aprobada el pasado 16 de julio por el Senado, el 21 de julio el presidente estadounidense firmó lo que los medios han llamado “la reforma financiera más amplia desde la Gran Depresión”, es decir, la primera reforma en 80 años que, supuestamente, acota el poder de Wall Street y el sector bancario-financiero en los Estados Unidos a favor de una mayor protección para los consumidores de dichos servicios.
Se trata, según Obama, “del principio del fin para las prácticas abusivas de la banca en operaciones especulativas y en el manejo de los créditos hipotecarios, en tarjetas de crédito y en créditos para estudiantes”.
Si bien es cierto que la reforma impone ciertas limitaciones al accionar del sistema financiero en los Estados Unidos, también es cierto que su intención no es eliminar el problema de raíz, sino moderar los efectos nocivos que el accionar “normal” del sistema tiene en la mayoría de la población.
La intención de la misma es bastante sencilla: proteger el aparato burocrático estatal.
A finales de 2008, cuando la crisis ocupaba las primeras planas, el sector público estadounidense puso en marcha el mayor plan de rescate jamás habido, otorgando 182 mil millones de dólares a los diversos bancos y casas financieras envueltos en problemas de liquidez.
La presente reforma no contiene los elementos necesarios para evitar que la crisis se repita, sin embargo está diseñada para que no sea el aparato estatal el que tenga que rescatar una vez más al monstruo financiero. Si esta medida beneficia o no a la población en general es tema de un profundo análisis, sin embargo la lógica indica que los trabajadores no tendrán que volver a cargar con el peso de otro rescate bancario.
En términos generales, la ley establece una mayor supervisión estatal, que podrá regular las transacciones de los mercados de derivados; limita los salarios de los banqueros; somete a mayor control a las entidades de calificación de riesgo (punto importante, puesto que la arbitraria calificación de bonos de deuda puede poner en riesgo la economía de países enteros), y establece la creación de una Oficina de Protección del Consumidor.
"Lamento que no podamos recuperar sus empleos, devolverles las casas embargadas o poner dinero en sus cuentas de jubilación", declaró uno de los legisladores impulsores de la reforma, cínicamente afirmando que ya lo pasado, pasado, y que lo importante es ocuparse ahora de que el sistema no vuelva a colapsar.
El problema es que la reforma no modifica el modelo bancario que explica la crisis: el crecimiento exponencial del crédito y la repartición de los riesgos entre infinitos inversionistas, siempre cubiertos por aseguradoras y por el poder de una moneda sin respaldo alguno. Queda claro que la solución al problema de la economía mundial no está en una reforma como la aprobada por el gobierno estadounidense la semana pasada, si bien contiene algunos puntos importantes en cuanto al control de la actividad financiera.
Al menos en lo particular, me hace reflexionar en lo que podría cambiar si los gobiernos tuviesen la capacidad real de enfrentarse a los poderes económicos.
Las medidas adoptadas, por lo pronto, cambiarán ciertas dinámicas de la especulación monetaria, si bien no tienen el contenido necesario para prevenir la creación de futuras burbujas financieras y su consecuente colapso. Cuando esto ocurra, será la hora de decidir si ponemos otro parche sobre el sistema, o si un cambio profundo es necesario.
Se trata, según Obama, “del principio del fin para las prácticas abusivas de la banca en operaciones especulativas y en el manejo de los créditos hipotecarios, en tarjetas de crédito y en créditos para estudiantes”.
Si bien es cierto que la reforma impone ciertas limitaciones al accionar del sistema financiero en los Estados Unidos, también es cierto que su intención no es eliminar el problema de raíz, sino moderar los efectos nocivos que el accionar “normal” del sistema tiene en la mayoría de la población.
La intención de la misma es bastante sencilla: proteger el aparato burocrático estatal.
A finales de 2008, cuando la crisis ocupaba las primeras planas, el sector público estadounidense puso en marcha el mayor plan de rescate jamás habido, otorgando 182 mil millones de dólares a los diversos bancos y casas financieras envueltos en problemas de liquidez.
La presente reforma no contiene los elementos necesarios para evitar que la crisis se repita, sin embargo está diseñada para que no sea el aparato estatal el que tenga que rescatar una vez más al monstruo financiero. Si esta medida beneficia o no a la población en general es tema de un profundo análisis, sin embargo la lógica indica que los trabajadores no tendrán que volver a cargar con el peso de otro rescate bancario.
En términos generales, la ley establece una mayor supervisión estatal, que podrá regular las transacciones de los mercados de derivados; limita los salarios de los banqueros; somete a mayor control a las entidades de calificación de riesgo (punto importante, puesto que la arbitraria calificación de bonos de deuda puede poner en riesgo la economía de países enteros), y establece la creación de una Oficina de Protección del Consumidor.
"Lamento que no podamos recuperar sus empleos, devolverles las casas embargadas o poner dinero en sus cuentas de jubilación", declaró uno de los legisladores impulsores de la reforma, cínicamente afirmando que ya lo pasado, pasado, y que lo importante es ocuparse ahora de que el sistema no vuelva a colapsar.
El problema es que la reforma no modifica el modelo bancario que explica la crisis: el crecimiento exponencial del crédito y la repartición de los riesgos entre infinitos inversionistas, siempre cubiertos por aseguradoras y por el poder de una moneda sin respaldo alguno. Queda claro que la solución al problema de la economía mundial no está en una reforma como la aprobada por el gobierno estadounidense la semana pasada, si bien contiene algunos puntos importantes en cuanto al control de la actividad financiera.
Al menos en lo particular, me hace reflexionar en lo que podría cambiar si los gobiernos tuviesen la capacidad real de enfrentarse a los poderes económicos.
Las medidas adoptadas, por lo pronto, cambiarán ciertas dinámicas de la especulación monetaria, si bien no tienen el contenido necesario para prevenir la creación de futuras burbujas financieras y su consecuente colapso. Cuando esto ocurra, será la hora de decidir si ponemos otro parche sobre el sistema, o si un cambio profundo es necesario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario